CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó presuntas prácticas de autogobierno o cogobierno de personas privadas de la libertad en cinco de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México; sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, rechazó que esta situación prevalezca en los reclusorios capitalinos.
Durante una conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el funcionario negó categóricamente que exista algún centro penitenciario bajo el control de los internos y anunció que buscará conocer la metodología y la información utilizadas por el organismo nacional para elaborar su diagnóstico.
“De manera categórica negamos que en la Ciudad de México exista algún centro penitenciario, un centro de reclusión con autogobierno: eso simplemente no es el caso”, afirmó Vázquez.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que las autoridades capitalinas buscarán revisar los elementos considerados por la CNDH para llegar a esa conclusión y presentar información que permita aclarar las diferencias entre ambas instituciones.
Asimismo, sostuvo que el objetivo de la dependencia es fortalecer el sistema penitenciario y mejorar sus condiciones de operación.
Como parte de estas acciones, informó que se puso en marcha una estrategia para incrementar el número de especialistas penitenciarios, mejorar sus condiciones laborales y destinar recursos para fortalecer las capacidades del personal encargado de la vigilancia y operación de los centros de reclusión.
Vázquez reconoció que la infraestructura penitenciaria tiene cerca de 70 años de antigüedad en algunas de sus instalaciones, por lo que consideró necesario modernizarla y aumentar el número de elementos especializados.
Respecto al hacinamiento señalado en el diagnóstico de la CNDH, que refiere una ocupación del 130 por ciento en los centros penitenciarios, el secretario rechazó que exista una sobrepoblación generalizada en todo el sistema.
“Eso es falso: se tienen zonas con sobrepoblación, pero el sistema en su conjunto no tiene sobrepoblación porque existe la capacidad”, aseguró.
Explicó que las condiciones de saturación se presentan principalmente en determinadas áreas y están relacionadas con los procesos judiciales y la distribución de los espacios disponibles.
Añadió que, con la implementación del sistema penal actual, las autoridades tienen la obligación de mantener separadas a las personas que se encuentran en prisión preventiva de aquellas que ya cumplen una sentencia. Sin embargo, señaló que la infraestructura existente no siempre permite cumplir con esta disposición sin generar concentraciones de internos en determinadas áreas.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración continuará trabajando para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios de la capital.
Indicó que, durante este año, se destinaron 200 millones de pesos para realizar adecuaciones básicas en los servicios de varios reclusorios, con el propósito de mejorar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad.
La mandataria adelantó que los trabajos comenzarán en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y posteriormente se buscará ampliar las intervenciones a otras instalaciones.
Brugada destacó la importancia de transformar los espacios de reclusión y fortalecer los programas de reinserción social, a fin de que las personas que cumplan sus condenas puedan reintegrarse a la sociedad en mejores condiciones.
“Mucho tenemos que hacer durante el tiempo que estén pagando sus condenas para que cuando regresen a la sociedad, pues puedan cambiar”, expresó.
De esta manera, mientras la CNDH advierte sobre presuntas prácticas de autogobierno y problemas de sobrepoblación en parte del sistema penitenciario capitalino, las autoridades de la Ciudad de México sostienen que no existe control de los reclusorios por parte de los internos y reconocen la necesidad de invertir en infraestructura y personal especializado.