La saxofonista oaxaqueña espera que la resolución siente un precedente para las víctimas de ataques con ácido; también denunció presuntas agresiones, amenazas y falta de información sobre el paradero del acusado.
La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a su favor los amparos promovidos por Juan Antonio Vera Carrizal y otros dos acusados, luego de que el máximo tribunal aceptara atraer el caso.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Ríos explicó que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldaron su solicitud para que la Corte ejerciera su facultad de atracción. La decisión fue adoptada el 19 de octubre de 2026, con los votos de ambos ministros y de otros integrantes del máximo tribunal, según relató la saxofonista.
Ríos recordó que, en agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019. De acuerdo con la saxofonista, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, hizo públicos señalamientos sobre un supuesto pago de 25 millones de pesos al juez, presuntamente entregados por Vera Carrizal a través de su familia y su defensa jurídica.
La víctima afirmó que el dinero habría sido entregado en tres partes y en efectivo. También denunció que durante la audiencia oral fue revictimizada por el juez y señaló que, tras conocerse los presuntos hechos de corrupción, la jueza María Esteva anuló esa etapa del proceso.
Posteriormente, Vera Carrizal y otros dos acusados promovieron amparos para intentar recuperar la absolución. Ríos explicó que la Fiscalía General de la República solicitó la intervención de la SCJN ante la pérdida de confianza en las autoridades de Oaxaca.
Aunque esa petición no prosperó en mayo de 2026, la saxofonista presentó una nueva solicitud en su calidad de víctima directa. Según su testimonio, la defensa de Vera Carrizal intentó en dos ocasiones impedir que la Corte conociera el caso: primero, al argumentar que no tenía la relevancia necesaria y, después, al solicitar que las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel se abstuvieran de participar. Ambas peticiones fueron desechadas, afirmó.
Tras la decisión del 19 de octubre, Ríos señaló que deberá esperar a que la Suprema Corte dé a conocer su resolución sobre los amparos. Si el fallo le favorece, explicó, podría reponerse en Oaxaca la etapa correspondiente a la audiencia del juicio oral.
En ese escenario, ella, su madre —a quien identificó como víctima indirecta por haber sido atacada también con ácido—, peritos y testigos tendrían que volver a declarar. La saxofonista manifestó su expectativa de que el procedimiento sea llevado por un tribunal integrado por tres jueces y con perspectiva de género.
Denuncia que Vera Carrizal permanece fuera de prisión
María Elena Ríos también cuestionó la situación jurídica de Vera Carrizal, quien, según relató, salió en diciembre de 2024 de la prisión preventiva justificada en el penal de Tanivet, bajo el argumento de padecer una enfermedad grave relacionada con hemorroides.
Aseguró que el hospital privado donde presuntamente se encuentra internado se ha negado durante casi dos años a entregar a la Fiscalía sus estudios médicos y expediente clínico.
Asimismo, denunció que algunas diligencias no han podido realizarse debido a presuntas agresiones de familiares del acusado y a la presencia de personas armadas y encapuchadas. Incluso, afirmó que en una ocasión abrió la habitación donde supuestamente se encontraba hospitalizado y la encontró vacía.
“Así que técnicamente, Juan Antonio Vera Carrizal está libre, con ayuda de las autoridades”, sostuvo.
Ante esta situación, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para que atiendan las condiciones de seguridad que, aseguró, enfrentan ella y sus familiares.
Ríos indicó que han aparecido drones en domicilios de sus familiares y que tuvo que cambiar de residencia debido al desplazamiento que enfrenta.
“Yo me tuve que cambiar de domicilio a un estado, estando desplazada en la Ciudad de México, mi familia sufre violencia comunitaria, violencia digital”, declaró.
Añadió que existen diversas denuncias ante la Fiscalía por estos hechos, aunque advirtió que la presentación constante de nuevos recursos legales también representa un desgaste para las víctimas. Además, señaló que ha enfrentado campañas de difamación y acusaciones que buscan vincularla con actividades criminales.
“Lamentablemente aún estamos en una sociedad que le exige a la víctima ser una víctima perfecta”, expresó.
Busca un precedente para otras víctimas de ataques con ácido
Respecto a la intervención de la SCJN, Ríos aclaró que el máximo tribunal no emitirá directamente una sentencia condenatoria contra Vera Carrizal, sino que deberá resolver los amparos sometidos a su consideración.
“Que la Corte siente un precedente es muy importante”, afirmó.
En ese sentido, informó que solicitó a la Secretaría de las Mujeres federal datos actualizados sobre ataques con ácido y sustancias corrosivas registrados entre 2025 y octubre de 2026.
De acuerdo con cifras preliminares que dijo haber recibido, se contabilizaron alrededor de 2 mil 400 casos entre amenazas y agresiones. Sin embargo, precisó que los datos todavía deben depurarse y organizarse, además de advertir que podría existir una cifra negra considerable.
“Cuando queman a una mujer en diferentes formas, no se trata de hechos aislados”, sostuvo.
Por ello, consideró que una resolución de la Suprema Corte podría tener implicaciones que trasciendan su caso y contribuya a establecer criterios para la protección y el acceso a la justicia de otras mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, señaló que la denominada Ley Malena ya ha sido aprobada en 22 entidades federativas y expresó su expectativa de que la propuesta de Ley General del Feminicidio impulsada por la presidenta de México permita homologar este delito en todo el país.