La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, enfrentan desde este viernes un juicio oral por presunto lavado de activos y asociación ilícita en la causa conocida como “Hotesur-Los Sauces”, que investiga supuestas operaciones irregulares mediante negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia y empresarios vinculados con contratos de obra pública.
El Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) estará a cargo del proceso, luego de que un tribunal de alzada ordenara el pasado martes unificar los dos expedientes, que hasta ahora se tramitaban por separado.
Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por otra causa de corrupción, y Máximo Kirchner participarán de manera virtual en la primera audiencia, de acuerdo con fuentes judiciales.
LA ACUSACIÓN CONTRA LOS KIRCHNER
La Fiscalía sostiene que, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, la familia habría utilizado las empresas Hotesur y Los Sauces, dedicadas a administrar hoteles e inmuebles en la provincia de Santa Cruz, para presuntamente lavar dinero mediante pagos de empresarios beneficiados con contratos de obra pública.
La exmandataria está acusada de asociación ilícita, en calidad de presunta máxima responsable, y lavado de activos, delitos que también fueron atribuidos a su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
Por su parte, Máximo Kirchner enfrenta cargos como presunto organizador de la asociación ilícita.
El proceso también involucra a otros 19 empresarios, funcionarios provinciales y personas cercanas a la familia. Entre ellos se encuentran Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz; el empresario de la construcción Lázaro Báez, preso desde 2016 por otra causa de corrupción, y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes estuvieron vinculados al sector de los medios de comunicación.
Florencia Kirchner, hija de la expresidenta y accionista de las empresas familiares, quedó fuera del proceso luego de que fuera sobreseída de manera definitiva en 2023.
Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita contemplan penas de entre tres y 10 años de prisión.
UN PROCESO MARCADO POR DISPUTAS JUDICIALES
Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por la exdiputada Margarita Stolbizer. La causa Hotesur comenzó en 2014, mientras que la investigación de Los Sauces inició en 2016.
Aunque ambos expedientes se tramitaron inicialmente por separado, en 2019 la Cámara de Casación ordenó que fueran investigados de manera conjunta debido a la relación entre los hechos, los acusados y las pruebas.
Sin embargo, en noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó a los acusados sin realizar el juicio. Esa decisión fue revocada por un tribunal de alzada en septiembre de 2023, mientras que la Corte Suprema confirmó en diciembre de 2024 la obligación de llevar adelante el proceso.
En septiembre de este año, el tribunal de primera instancia decidió separar nuevamente las causas. La Fiscalía impugnó la medida al advertir que podía fragmentar las pruebas, por lo que la Cámara de Casación ordenó unificarlas el pasado martes.
La defensa de Cristina Fernández, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionó esta última decisión al considerar que modificar la organización del proceso a pocos días de su inicio podría afectar las garantías de los acusados.