El exalcalde de Iguala fue sentenciado junto con otras 25 personas por los homicidios y tentativas de homicidio ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, durante la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa
Un juez federal condenó a 60 años de prisión a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por su responsabilidad en los homicidios y tentativas de homicidio derivados de los ataques ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, hechos en los que también desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La sentencia, dictada el 10 de noviembre de 2026, alcanza a un total de 26 personas, entre ellas Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Iguala.
El fallo fue emitido por Irving Joan González Balleza, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas, en las que se concentraron los hechos violentos registrados en Iguala durante aquella noche.
De acuerdo con la resolución judicial, Abarca fue considerado inductor, mientras que Felipe Flores fue señalado como autor mediato. En el caso de los policías municipales procesados, fueron considerados autores indeterminados, debido a que no pudo establecerse cuál de ellos produjo directamente cada uno de los resultados de los ataques.
Seis víctimas de homicidio
La sentencia reconoce como víctimas de homicidio a Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez.
Además, el juez estableció responsabilidades por las tentativas de homicidio cometidas contra otras personas que fueron atacadas durante los hechos.
La defensa de José Luis Abarca ya interpuso un recurso de apelación, por lo que la sentencia todavía no es definitiva.
En declaraciones a Milenio, el abogado Alejandro Rojas argumentó que el exalcalde había entregado desde mayo de 2014 el mando de la Policía Municipal al gobierno de Guerrero, mediante un acuerdo de Cabildo y un convenio de asunción de funciones.
Por ello, corresponderá al Tribunal Colegiado de Apelación determinar si confirma o revoca la condena.
Así ocurrieron los ataques en Iguala
Según la reconstrucción de los acontecimientos establecida por el juez, alrededor de las 21:30 horas del 26 de septiembre de 2014, policías municipales interceptaron tres autobuses en los que viajaban estudiantes de Ayotzinapa, sobre la calle Juan N. Álvarez.
Los agentes dispararon contra los vehículos y sus ocupantes, provocando la muerte de tres personas y dejando a varios estudiantes lesionados.
Horas más tarde, aproximadamente a las 23:20 horas, policías municipales atacaron con armas de fuego un autobús en el que viajaban integrantes del equipo de futbol Los Avispones.
La agresión ocurrió en el kilómetro 135+450 de la carretera federal 95 México-Acapulco, en el tramo Iguala-Mezcala, y también alcanzó a taxistas y a un transportista.
La resolución determinó que los policías municipales actuaron bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública, quien, a su vez, habría sido inducido por el presidente municipal.
Abarca fue responsabilizado en calidad de inductor, mientras que Felipe Flores fue considerado autor mediato, conforme al Código Penal de Guerrero vigente al momento de los hechos.
Aunque el cálculo de las penas correspondientes a los distintos homicidios y tentativas habría resultado en condenas acumuladas superiores a 60 años, el juez aplicó el límite máximo de prisión previsto en el artículo 35 del Código Penal de Guerrero.
De esta manera, los 26 sentenciados recibieron una pena de 60 años de prisión y deberán reparar el daño ocasionado a las víctimas. El monto de dicha reparación será determinado durante la etapa de ejecución de la sentencia.
Exigen investigar la tortura de Julio César Mondragón
Por separado, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, organización que acompaña a la familia de Julio César Mondragón Fontes, cuestionó que la sentencia establezca responsabilidades por el homicidio del normalista, pero no incluya una condena específica por el delito de tortura.
La organización exigió a las autoridades continuar con las investigaciones para esclarecer las lesiones que sufrió Mondragón Fontes.
El estudiante tenía 22 años y fue localizado sin vida el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. De acuerdo con la Red Solidaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó en julio de 2016 que fue torturado y asesinado, además de documentar 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, rostro, tórax y columna.
La organización solicitó a la Fiscalía General de la República continuar las investigaciones sobre la presunta tortura, tomar en cuenta los dictámenes forenses existentes e identificar a quienes participaron, ordenaron o permitieron la agresión.
También pidió que se determinen las responsabilidades penales correspondientes y que la reparación del daño para la familia de Mondragón sea integral y contemple la tortura.
La Red Solidaria sostuvo que el caso no puede considerarse plenamente esclarecido mientras no se investiguen esos hechos, en un reclamo que es independiente de las condenas por homicidio y tentativa de homicidio dictadas en esta causa penal.