En un esfuerzo por fortalecer la justicia en México, el Poder Legislativo anunció la integración del Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar y evaluar los perfiles de candidatos para cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, además de participar en la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial. Este anuncio fue hecho público por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través de su cuenta en X.
Integrantes del Comité
El Comité está compuesto por cinco personas seleccionadas en colaboración entre el Senado y la Cámara de Diputados, conformado por cuatro mujeres y un hombre:
- Maribel Concepción Méndez de Lara: Magistrada del Tribunal Superior Agrario, abogada por la Universidad de Zacatecas y con estudios de maestría en el CIDE.
- Ana Patricia Briseño Torres: Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y exconsejera electoral, licenciada en Derecho.
- Andrés Norberto García Repper: Abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exmiembro del Comité Técnico de Evaluación del INE.
- María Gabriela Sánchez García: Magistrada en retiro.
- Maday Merino Damián: Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción del estado de Tabasco, con maestría en Derecho por el Instituto Superior de Derecho de Madrid.
El senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, destacó que los seleccionados tienen una trayectoria institucional sólida y un compromiso con la justicia, además de señalar que el proceso de selección fue imparcial y sin sesgos partidistas.
Críticas del PAN
La integración del Comité no estuvo exenta de controversias. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su desacuerdo, señalando que el proceso careció de transparencia y legitimidad, y por ello decidieron no formar parte del grupo evaluador.
Reformas en el proceso judicial
Durante el anuncio, Fernández Noroña mencionó que un número considerable de jueces y magistrados han declinado participar en la próxima elección de junio de 2025, debido a que algunos asumirán nuevos cargos. Además, se presentó un dictamen con propuestas al Pleno en San Lázaro en el marco de las elecciones extraordinarias de 2024-2025, que incluye una reforma constitucional para restringir el uso del juicio de amparo en cambios a la Constitución.
Este proceso representa un paso significativo en la reconfiguración del Poder Judicial en México, con miras a fortalecer su independencia y asegurar que quienes ocupen estos cargos cuenten con los méritos y la preparación necesaria para desempeñarse en el ámbito judicial.