En un acto sin precedentes, la mayoría de los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación han decidido no participar en la elección de 2025 para conservar sus cargos mediante el voto popular. Esta renuncia colectiva involucra a ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a 845 jueces de circuito y jueces de distrito, que notificaron al Senado su decisión de no participar en el proceso electoral.
El pasado 12 de octubre, se realizó una tómbola en la que se sortearon 711 juzgadores para ir a las urnas. Sin embargo, hasta el cierre de recepción de notificaciones, el Senado había recibido 503 renuncias de magistrados y 342 de jueces. Esto significa que no solo los juzgadores programados para 2025, sino también aquellos que deberían ir a elección en 2027, han declinado participar.
Las cartas de renuncia presentadas por los ministros de la SCJN destacan que esta decisión no implica una aceptación de la reforma judicial, sino que es un acto de congruencia y respeto al marco constitucional. La ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, expresó que su dimisión es una manifestación de su desacuerdo con las condiciones impuestas por la reforma. Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat anunció que renunciaría a su haber de retiro para donarlo a niños en situación de vulnerabilidad.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que su renuncia no debe interpretarse como una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. En un tono similar, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá mencionó que su decisión es una defensa de su promesa de ejercer su cargo con imparcialidad y respeto a la Constitución.
Este movimiento masivo de jueces y magistrados pone en evidencia la crisis que atraviesa el sistema judicial mexicano y la creciente desconfianza hacia las reformas implementadas por el gobierno federal. Con la renuncia de 845 magistrados y jueces, el futuro del Poder Judicial queda en una situación incierta y plantean serias preguntas sobre la legitimidad y efectividad de las próximas elecciones judiciales.
El Senado deberá aclarar en las próximas horas la cantidad total de notificaciones recibidas y las implicaciones legales que estas renuncias podrían tener en el futuro del Poder Judicial en México.