SCJN invalida disposiciones de leyes municipales en Oaxaca por discriminación y violaciones constitucionales

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa presentó este jueves un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, por mayoría de votos, invalidó varias disposiciones de las leyes de ingresos de municipios de Oaxaca, señalando que eran discriminatorias y violaban principios constitucionales.

Entre las disposiciones anuladas destacan los cobros por la expedición de copias y certificaciones de documentos, así como las multas por mendigar en lugares públicos, jugar en espacios recreativos, agresiones a la autoridad o transeúntes, escándalos y molestias en vías públicas, e injurias hacia personas en espectáculos.

Argumentos destacados de la Ministra Esquivel Mossa

Cobros desproporcionados: Al exponer su proyecto, Esquivel Mossa explicó que los cobros por servicios como la búsqueda de documentos y la expedición de copias violan el principio de proporcionalidad tributaria, ya que las tarifas no reflejan los costos reales de dichos servicios.

Discriminación a personas vulnerables: La Ministra enfatizó que sancionar por mendigar tiene un efecto discriminatorio, afectando a personas en situación de vulnerabilidad que recurren a la vía pública para solicitar apoyo económico.

Ambigüedad en la normativa: Multar por jugar en espacios públicos o realizar actividades recreativas fue considerado violatorio del principio de seguridad jurídica, ya que las normas no especifican con claridad qué juegos o actividades están prohibidos ni cómo afectan el tránsito o la vialidad.

Subjetividad en sanciones: Las multas por insultos, escándalos o molestias en la vía pública fueron señaladas por depender de interpretaciones subjetivas de las autoridades, lo que afecta la certeza jurídica de los ciudadanos.

Implicaciones de la resolución

La decisión de la SCJN refuerza el principio de que las leyes municipales deben respetar los derechos humanos y los principios constitucionales, evitando prácticas discriminatorias o imprecisas. Este fallo establece un precedente importante para garantizar la seguridad jurídica y la proporcionalidad en los actos de gobierno municipal.

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