La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos, pero la confianza en las instituciones encargadas de la justicia continúa en niveles bajos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024 del Inegi, el 93% de los delitos no son denunciados, lo que evidencia una falta de credibilidad en el sistema.
Desconfianza en las autoridades
El abogado penalista Guillermo Urosa, en entrevista con el noticiero A las Nueve con Uno, explicó que la principal razón detrás de la falta de denuncias es la percepción de impunidad. Entre las preocupaciones de la ciudadanía destacan:
• Temor a que el Ministerio Público no realice una investigación efectiva.
• Falta de confianza en la capacidad de la Policía de Investigación para ubicar a los responsables.
• Sensación de que el Poder Judicial opera bajo influencia de la corrupción.
Esta percepción se refuerza con datos del Inegi, que indican que el 72% de la población considera a la policía de tránsito como una de las instituciones más corruptas. Además, jueces, policías municipales y agentes del Ministerio Público también generan altos niveles de desconfianza.
Baja denuncia y escasa resolución de casos
A pesar de que solo el 7% de los delitos son denunciados, no todos los casos llegan a una sentencia. Según Urosa, de las pocas denuncias presentadas, muchas no logran avanzar en el proceso judicial, lo que refuerza la percepción de impunidad.
Delitos más comunes y revictimización
Entre los delitos que con mayor frecuencia afectan a la población destacan el fraude, el robo en vía pública o transporte y la extorsión. Además, un 36.9% de las víctimas en 2024 han sufrido más de un delito, fenómeno conocido como revictimización.
La inseguridad, el mayor problema del país
El Inegi también señala que el 60.7% de los mexicanos considera la inseguridad como el problema más grave del país, por encima de la inflación o la escasez de agua. Solo el 40% de la población afirma sentirse segura en su entorno, lo que refleja la urgente necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad.