Ciudad de México.– En México, cerca de 2 mil mujeres permanecen encarceladas por delitos relacionados con drogas. La mayoría de ellas enfrenta condenas derivadas de un sistema que, según activistas y víctimas, actúa con sesgo y sin perspectiva de género. Pese a la relevancia de las elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de junio, ninguna de estas mujeres podrá participar en el proceso democrático.
Alex —nombre ficticio para proteger su identidad— pasó casi tres años en prisión acusada de posesión y comercio de narcóticos. Fue detenida en Guanajuato, un estado con fuerte presencia del crimen organizado, sin embargo, según ella, las autoridades apuntan con mayor facilidad hacia mujeres vulnerables que hacia los verdaderos responsables. “No investigan, seas culpable o no, te detienen”, afirmó.
En su testimonio, relató cómo su paso por el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, en Morelos, fue marcado por la soledad jurídica: solo tuvo contacto dos veces con su defensa. Su experiencia no es aislada. Muchas mujeres sentenciadas por delitos menores relacionados con drogas han sido víctimas de violencia, manipulación o abandono, en contextos donde su participación en el mercado ilícito fue indirecta o forzada.
Adriana Muro, directora de la organización Elementa DDHH, denunció que mientras los grandes operadores del narcotráfico son liberados o extraditados, las mujeres más frágiles dentro de la estructura criminal terminan presas. A principios de 2025, México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes, mientras que la población penitenciaria femenina ha crecido un 22% en los últimos seis años, según datos de Equis Justicia.
Angela Guerrero, fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA), señaló que, tras entrevistas con mujeres presas en el Cefereso 16, se concluyó que el 80% había sido víctima de relaciones de poder marcadas por la violencia y la subordinación. “No eran ellas quienes controlaban el negocio”, explicó.
Frente a esta realidad, organizaciones como Elementa y CEA impulsaron un mecanismo legal para liberar a mujeres sentenciadas injustamente por delitos menores de drogas. Gracias a este esfuerzo, ocho mujeres, incluida Alex, han recuperado su libertad. La campaña ‘Libéralas’, que busca reunir fondos para pagar multas y liberar a otras cinco mujeres, estará activa hasta el 30 de mayo.
En un país donde la justicia sigue siendo un privilegio y no un derecho universal, estas mujeres siguen excluidas no solo del sistema judicial justo, sino también del proceso democrático que podría cambiarlo.