Después de más de cuatro años de régimen militar, la junta que gobierna Birmania anunció el fin del estado de emergencia que otorgaba a las fuerzas armadas amplios poderes legislativos y ejecutivos desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
El anuncio vino acompañado de la disolución del Consejo de Administración del Estado, órgano oficial del régimen castrense, y la creación de una nueva estructura encabezada por el general Min Aung Hlaing. Este nuevo organismo será responsable de conducir la llamada “transición hacia elecciones”, que, según se adelantó, podrían celebrarse en diciembre de este año.
Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta, el anuncio fue hecho por el propio líder militar durante una ceremonia en Naipyidó, donde declaró que el país entra ahora en “un segundo capítulo” tras lo que calificó como el cumplimiento de una primera etapa.
Pese al aparente avance hacia un proceso electoral, las nuevas normativas impuestas por el régimen han encendido alarmas: se han aprobado leyes que sancionan con prisión a quienes interfieran en las elecciones y con la pena de muerte a quienes cometan actos de violencia relacionados con el proceso electoral.
Desde la oposición, el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), integrado por legisladores derrocados y activistas prodemocráticos, desestima la legitimidad del proceso, al considerar que se trata de un intento de la junta por perpetuarse en el poder mediante mecanismos simulados. La agrupación, que opera en la clandestinidad, insiste en que representa al gobierno legítimo del país.
El golpe de 2021 puso fin a una década de transición democrática liderada por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, actualmente detenida. Desde entonces, el país ha vivido en una constante crisis marcada por protestas, represión y enfrentamientos armados entre el régimen y grupos insurgentes, incluidos movimientos prodemocráticos y guerrillas étnicas.
Aunque la junta ha llamado al diálogo en repetidas ocasiones —con China como intermediario—, la mayoría de estos grupos han rechazado participar en negociaciones con un régimen al que consideran ilegítimo.