La Interpol dio a conocer los resultados de la Operación Madre Tierra VII, una acción policial multinacional que dejó 225 personas detenidas y más de 400 casos de delitos ambientales detectados en nueve países de América Latina, incluidos México, Colombia y Costa Rica.
La operación, realizada entre mayo y junio, estuvo coordinada por la Oficina de Interpol para Centroamérica con apoyo de su Unidad de Seguridad Ambiental, y forma parte del Proyecto GAIA, respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania.
Entre los crímenes descubiertos figuran tala y minería ilegales, tráfico de vida silvestre, violaciones de pesca y delitos por contaminación. Las violaciones más frecuentes fueron 203 casos de tala ilegal y 138 vinculados al comercio ilegal de fauna silvestre.
Durante los operativos se incautaron especies protegidas como aves, reptiles, tortugas, primates y grandes felinos, además de 2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya, 875 kilos de totoaba y siete kilos de pepino de mar seco. También se decomisaron armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación.
La Interpol advirtió que las investigaciones expusieron rutas del crimen organizado que conectan América Latina con Europa y Asia, lo que demuestra que las redes criminales transnacionales están detrás de la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies protegidas.
En Panamá se detectó uno de los casos más graves: minería ilegal de oro a gran escala con indicios de trabajo infantil, trata de personas y contaminación por mercurio.
Según Oscar Soria, director de The Common Initiative, el crimen ambiental se ha integrado con las redes tradicionales del crimen organizado, sirviendo como fuente de financiamiento para grupos armados.
“El reto no es solo realizar arrestos, sino fortalecer la gobernanza, la cooperación regional y recuperar territorios donde las redes criminales llenan el vacío del Estado”, señaló.