El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se encuentra revisando más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, como parte del proceso para su eventual publicación. La dependencia advirtió que la revisión podría extenderse por varias semanas debido al volumen del material y a la necesidad de proteger la identidad de las víctimas.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la institución señaló que la Fiscalía Federal en Manhattan y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) notificaron el hallazgo de una cantidad significativa de archivos potencialmente vinculados al caso. El Departamento de Justicia indicó que su equipo legal trabaja de manera continua para revisar y realizar las redacciones necesarias antes de hacer pública la información.
La divulgación de los documentos forma parte de la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada por el Congreso que obliga a la publicación de materiales no clasificados relacionados con el caso, bajo ciertos criterios legales. Aunque la normativa establecía como fecha inicial el 19 de diciembre para liberar la totalidad del material disponible, el proceso ha enfrentado retrasos y críticas por el nivel de censura aplicado.
Legisladores demócratas y organizaciones civiles han cuestionado la divulgación parcial de los documentos, luego de que en los primeros lotes publicados se incluyeran cientos de páginas completamente tachadas, lo que generó dudas sobre el cumplimiento del espíritu de la ley. El gobierno estadounidense ha defendido estas redacciones al argumentar que son necesarias para proteger a víctimas y testigos, así como para cumplir con disposiciones de privacidad.
Los primeros archivos divulgados incluyen registros judiciales, correos electrónicos, fotografías y recortes de prensa, lo que ha reavivado el escrutinio público sobre la red de relaciones del fallecido financiero. Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York, antes de enfrentar juicio por delitos relacionados con la explotación sexual de menores; su muerte fue clasificada oficialmente como suicidio.
El caso también ha generado tensiones políticas tras la aparición del nombre del presidente Donald Trump en algunos documentos. Tras ello, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que aseguró que parte del material contiene afirmaciones falsas o sensacionalistas. La presión legislativa continúa, con llamados desde el Congreso para acelerar la publicación y garantizar el cumplimiento pleno de la ley.