La problemática del desabasto de agua en Ecatepec escaló al máximo nivel del sistema judicial del país, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera atraer los amparos promovidos por miles de familias afectadas. El avance fue respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el impulso directo de su dirigente estatal y diputado local, José Alberto Couttolenc Buentello, quien ha colocado el acceso al agua como una prioridad en la agenda del partido en el Estado de México.
Durante una rueda de prensa, la diputada local del PVEM, Miriam Silva Mata, señaló que la decisión de la Corte marca un antes y un después frente a años de falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Subrayó que el acompañamiento político, técnico y jurídico brindado desde la dirigencia encabezada por Pepe Couttolenc fue clave para que el caso trascendiera del ámbito local al nacional.
“La Corte reconoce que no se trata de un problema aislado de un municipio, sino de un asunto de interés nacional vinculado con derechos humanos fundamentales”, afirmó la legisladora.
El litigio colectivo involucra a más de 7 mil 500 familias de al menos 154 colonias de Ecatepec, cuyos habitantes, pese a cumplir con el pago de impuestos y servicios, enfrentan un suministro irregular o inexistente de agua potable. Aunque en años recientes se obtuvieron resoluciones favorables en juzgados federales, estas no se cumplieron de manera efectiva, lo que motivó la solicitud para que la SCJN atrajera el caso y fijara un criterio definitivo.
Por su parte, José Alberto Couttolenc destacó que el acceso al agua no debe depender de decisiones discrecionales ni coyunturas políticas. Aseguró que el PVEM mantendrá la presión institucional hasta que se garantice una solución de fondo. “El agua es una causa del Partido Verde. No es un favor ni una concesión, es un derecho que debe asegurarse mediante políticas públicas y resoluciones firmes”, sostuvo.
Con la atracción del asunto, la Suprema Corte podría emitir una sentencia que siente un precedente a nivel nacional en materia del derecho humano al agua, obligando a las autoridades responsables a garantizar el suministro, la calidad del servicio y la protección ambiental. Para el PVEM, este paso refuerza su papel como un actor con capacidad de incidencia real, al llevar una demanda social local al centro de las decisiones judiciales del país.