El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles ante el Senado que la Administración del presidente Donald Trump no tiene planes inmediatos de emprender nuevas operaciones militares en Venezuela, aunque dejó en claro que el uso de la fuerza sigue siendo una opción si surgen amenazas directas a la seguridad estadounidense.
Durante una audiencia para explicar la estrategia de Washington tras la operación del pasado 3 de enero en territorio venezolano, Rubio subrayó que la prioridad actual no es una escalada militar. Sin embargo, recalcó que el mandatario estadounidense, en su calidad de comandante en jefe, “nunca descarta sus opciones”.
“Puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando ni tenemos la intención de tomar ninguna acción militar en Venezuela”, afirmó el funcionario ante los legisladores, aunque aclaró que ello no significa una renuncia absoluta a esa posibilidad. Como ejemplo, mencionó que si surgiera una amenaza concreta, como una instalación extranjera que pusiera en riesgo a fuerzas estadounidenses en la región, el presidente podría ordenar su neutralización.
Rubio explicó que la política hacia Venezuela se encuentra en una fase distinta a la de años anteriores, marcada por más de una década de estancamiento diplomático. “Todo se está desarrollando en una trayectoria muy diferente en este momento”, sostuvo, al destacar que el énfasis está puesto en un proceso político de transición y estabilización.
Respecto al papel del Congreso, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que no se prevé una operación militar sostenida ni una presencia prolongada de tropas en el país sudamericano, por lo que, en el escenario actual, no se contempla una notificación previa al Capitolio.
El secretario defendió además la legalidad de la operación del 3 de enero, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos requeridos por la Justicia estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico. Según Rubio, no se trató de una guerra ni de una ocupación, sino de una acción judicial específica. “No fue la ocupación de un país extranjero, sino una operación para arrestar a dos personas buscadas por la Justicia de Estados Unidos”, afirmó.
Añadió que la presencia militar estadounidense en Venezuela es mínima y se limita a infantes de Marina encargados de la seguridad de la embajada. En ese sentido, advirtió que una nueva acción armada podría resultar contraproducente para los objetivos políticos. “Una intervención militar haría retroceder otros objetivos y no ayudaría a la transición ni a la recuperación”, señaló.
Rubio situó el proceso venezolano en un contexto histórico más amplio y recordó transiciones democráticas en otros países, como España tras la muerte de Francisco Franco. Si bien evitó fijar plazos concretos, consideró que la transición “no puede durar para siempre” y estimó que en un periodo de entre tres y cinco meses deberían observarse avances sustanciales.
En el plano político interno, indicó que la líder opositora María Corina Machado “puede formar parte” del proceso de transición, aunque reconoció que el control efectivo de las armas y de las instituciones permanece en manos del aparato heredado del chavismo.
Finalmente, Rubio reiteró que el objetivo de la Administración Trump es construir “una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”. Como señales iniciales, mencionó conversaciones sobre una reforma a la Ley de Hidrocarburos, el combate al narcotráfico y el control de la influencia de actores externos como Irán, China y Rusia.
La audiencia se vio interrumpida brevemente cuando un manifestante protestó desde la tribuna con una pancarta y consignas contra la política estadounidense. El individuo fue retirado por elementos de seguridad y vetado del recinto por un año.