Organizaciones opositoras de Nicaragua que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) aseguraron que Estados Unidos ya reconoce a Rosario Murillo como una de las principales responsables de la represión y del ejercicio del poder en el país centroamericano, dentro del gobierno que encabeza junto a su esposo, Daniel Ortega.
La postura surge luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara recientemente que Murillo creó una figura de copresidencia con el objetivo de afianzar un control que calificó como ilegítimo, al no haber sido resultado de elecciones ni contar con respaldo popular. De acuerdo con el pronunciamiento, dicha estructura busca perpetuarse en el poder ante la imposibilidad de obtener una victoria en un proceso electoral libre.
El portavoz de Pude, Roger Reyes, abogado nicaragüense desnacionalizado, explicó que el mensaje de Washington marca un cambio significativo en el discurso internacional. Señaló que, a diferencia de ocasiones anteriores, los señalamientos ya no se dirigen únicamente a Ortega, sino de manera directa a Murillo, a quien se le atribuye un rol activo en la toma de decisiones y en la conducción del gobierno.
Reyes subrayó que, para Estados Unidos, Murillo carece de legitimidad democrática, al considerar que la copresidencia fue impuesta sin voto ciudadano ni mandato popular. Asimismo, destacó que el Departamento de Estado sostiene que el poder del actual gobierno se mantiene a través del temor, la represión y la manipulación del marco constitucional, y no mediante el respaldo de la ciudadanía.
Washington también acusó a Ortega y Murillo de negar el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes, al impedir elecciones con garantías democráticas, bajo el argumento de que no podrían sostenerse en el poder a través del voto.
Estas declaraciones se producen a un año de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma constitucional que, según analistas, eliminó los contrapesos institucionales y concentró el poder en la pareja gobernante. Dicha modificación permitió que Murillo, quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2017, asumiera el cargo de copresidenta a partir de febrero de 2025, en medio de señalamientos de que el país avanza hacia un modelo de gobierno de carácter dinástico.