A partir de este domingo 1 de febrero, el Gobierno federal reforzó de manera significativa el operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Concordia, Sinaloa, tras la privación ilegal de la libertad de al menos 14 trabajadores vinculados a actividades mineras en la región.
El despliegue fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó el gobernador Rubén Rocha Moya. El operativo contempla la participación de mil 190 elementos de corporaciones federales y estatales, además de apoyo aéreo.
Los hechos ocurrieron la mañana del 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado interceptó a trabajadores de las empresas CICAR S.A. de C.V. y de la minera canadiense Vizsla Silver Corp., quienes se encontraban en una parada de camiones sobre la carretera Villa Fuente–Durango, a las afueras de Concordia, a unos 40 minutos de Mazatlán. Inicialmente se reportó la desaparición de 10 mineros, aunque con el paso de los días se confirmó que el número de personas privadas de la libertad ascendería a 14.
Entre los desaparecidos se encuentra Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, quien realizaba su residencia profesional en CICAR. Su familia, junto con activistas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), solicitó la intervención urgente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de información sobre su paradero.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) dio a conocer el caso el pasado 28 de enero y expresó su “profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de profesionales de la industria minera”, además de señalar que ha buscado acercamiento con autoridades estatales para lograr el regreso con vida de los trabajadores.
Entre las personas no localizadas se encuentran José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, José Manuel Castañeda Hernández, Saúl Alberto Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, así como cuatro proveedores de servicios de seguridad privada, algunos de los cuales ya cuentan con fichas oficiales de búsqueda.
Ese mismo 28 de enero, Vizsla Silver confirmó públicamente que una decena de personas vinculadas a sus operaciones habían sido secuestradas y señaló que el caso se encuentra bajo investigación, por lo que suspendió parcialmente actividades en el sitio. La empresa indicó que notificó a las autoridades locales y activó sus protocolos de gestión de crisis y seguridad.
Cabe recordar que en diciembre de 2025 el Gobierno de Sinaloa anunció el Proyecto Pánuco, desarrollado por Vizsla Silver en Concordia, con una inversión de 300 millones de pesos. De acuerdo con autoridades estatales, entre 2021 y 2025 la compañía ha destinado más de 250 millones de dólares a exploración minera en la entidad.
El operativo de búsqueda está conformado por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 integrantes de Fuerzas Especiales, 100 efectivos de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además del apoyo de tres helicópteros artillados y dos aeronaves T6C Texan, con el objetivo de intensificar las labores de localización en la zona serrana del sur de Sinaloa.