En un fallo dividido de seis votos contra tres, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un revés a la estrategia comercial del presidente Donald Trump al concluir que el Ejecutivo se excedió al invocar facultades de emergencia para imponer diversos aranceles durante su segundo mandato.
La mayoría del tribunal, en una resolución impulsada por su presidente, John Roberts, determinó que en tiempos de paz el Mandatario no cuenta con atribuciones inherentes para fijar gravámenes al amparo de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), legislación de 1977 que la Casa Blanca utilizó como sustento jurídico de su política arancelaria.
De acuerdo con el criterio mayoritario, aceptar esa interpretación implicaría trasladar al Presidente una facultad tributaria que la Constitución reserva al Congreso, al considerar que los aranceles operan en los hechos como impuestos que terminan impactando a los consumidores.
El fallo tiene efectos sobre medidas como el arancel general de 10 por ciento a importaciones, los llamados gravámenes “recíprocos” contra diversos países y tarifas adicionales de 25 por ciento aplicadas a México y Canadá para presionar acciones contra el tráfico de fentanilo. También alcanza incrementos posteriores de hasta 50 por ciento a productos de Brasil e India, vinculados a disputas comerciales y políticas, incluida la defensa del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.
Aunque la sentencia no anula por completo la política comercial del Gobierno —pues deja abierta la posibilidad de recurrir a otros fundamentos legales—, sí limita el uso de la IEEPA como herramienta para imponer aranceles de amplio alcance.
Según reportes de prensa, Trump reaccionó con molestia al conocer la decisión durante un encuentro con gobernadores y la calificó como una “vergüenza”. Afirmó, además, que su Administración cuenta con un “plan B” para mantener su estrategia comercial.
El caso llegó al máximo tribunal luego de que una corte de apelaciones resolviera en 2025 que el Ejecutivo carecía de autoridad para establecer algunos de los aranceles impugnados, aunque permitió que permanecieran vigentes de manera provisional mientras se definía el fondo del asunto.
Con esta resolución, el debate sobre los límites del poder presidencial en materia económica vuelve al centro de la discusión política en Estados Unidos, mientras persiste la incertidumbre sobre eventuales ajustes regulatorios y posibles reembolsos a empresas afectadas.