Desmantelan red clandestina de videovigilancia vinculada al Cártel de Caborca en Othón P. Blanco

Un sistema ilegal de videovigilancia que presuntamente operaba un grupo delictivo relacionado con el Cártel de Caborca fue desarticulado en el municipio de Othón P. Blanco, tras una serie de cateos efectuados en la comunidad de Subteniente López y en la capital del estado, Chetumal.

De acuerdo con datos confirmados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el operativo contempló la ejecución de 16 órdenes de cateo autorizadas por jueces de control. En las acciones participaron de manera coordinada corporaciones federales, estatales y municipales, con el propósito de desarticular una red que presuntamente monitoreaba puntos estratégicos en la zona fronteriza y en la capital estatal.

Uno de los aseguramientos más relevantes ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Oaxaca, en Subteniente López, donde fueron localizadas 24 cámaras conectadas a tres televisores que funcionaban como centro de monitoreo permanente. En las inmediaciones se logró la detención de tres personas identificadas como Rudy “N”, Adriel Osvin “N” y Fariay Edith “N”, quienes estarían relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo.

Las diligencias se extendieron a otros 15 predios —12 en Subteniente López y tres en Chetumal— donde en total se aseguraron 113 cámaras de videovigilancia y 14 dispositivos de grabación (DVR). También fueron decomisados vehículos, una motocicleta, televisores, equipos de comunicación e internet, dos armas de fuego calibre .22 y sustancias con características similares a marihuana y cocaína.

En otro punto intervenido fueron detenidos Geovanny Abdiel “N” y Raymel Nahem “N”, a quienes se les habrían encontrado presuntos estupefacientes.

Las investigaciones preliminares señalan que diversos establecimientos, entre ellos gimnasios, restaurantes, tiendas, hoteles, bodegas y viviendas, formarían parte del esquema, al contar con cámaras enlazadas a un sistema central de monitoreo.

Los cinco detenidos, así como los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.

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