Tras la presentación de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Cámara de Diputados, los principales coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición en el Senado ratificaron su postura de votar en contra de la propuesta, al considerar que no atiende puntos centrales y amenaza la democracia del país.
En entrevista, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, explicó que la reforma constitucional enviada no incorpora sanciones contundentes —como la pérdida de registro— para los partidos que reciban recursos del crimen organizado, un elemento que su bancada consideraba indispensable. Por ello, adelantó que el PAN no apoyará la iniciativa en el proceso legislativo.
Por su parte, Manuel Añorve, líder de los senadores del PRI, también confirmó que su bancada votará en contra. Añorve calificó la propuesta como lo que ha denominado la “Ley Maduro”, argumentando que podría representar un grave retroceso institucional en México.
En contraste con las bancadas del PAN y el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que no tendrá una línea de voto obligatoria para sus legisladores. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que cada legislador decidirá de forma individual, confiando en que la coalición legislativa con Morena y el PT pueda superar la discusión de la iniciativa.
Ante la falta de consenso para alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, los opositores han señalado que podría surgir un eventual “plan B” por parte de la Presidencia. Según declaraciones de la mandataria, existe la posibilidad de impulsar cambios mediante leyes secundarias si la reforma constitucional no consigue los votos suficientes; sin embargo, Sheinbaum ha evitado detallar en qué consistiría exactamente dicha alternativa, remitiéndose a discutirlo más adelante.
Los críticos de la iniciativa advierten que este “plan B” —al efectuarse por medio de leyes secundarias— no requiere mayoría calificada en el Congreso, lo que podría permitir avanzar con ajustes a normas sin modificar la Constitución. Según los detractores, esto abriría la puerta para que Morena y sus aliados impulsen cambios incluso con la asistencia de la Suprema Corte de Justicia, algo que consideran violatorio de la Carta Magna.
La iniciativa, bautizada por el gobierno como “Decálogo por la Democracia”, ha generado fricciones dentro y fuera del Congreso, por lo que los próximos días serán clave para definir el rumbo legislativo de esta propuesta