La senadora colombiana e histórica líder indígena Aida Quilcué denunció que fue retenida durante varias horas por un grupo de hombres armados mientras viajaba por una carretera rural del suroeste de Colombia, en un episodio que vuelve a poner en evidencia el clima de violencia política previo a las elecciones legislativas del país.
De acuerdo con su testimonio, la legisladora se desplazaba junto con su equipo de seguridad cuando al menos seis hombres vestidos con ropa de camuflaje y con el rostro cubierto les cerraron el paso en una curva del camino. Los agresores les ordenaron guardar silencio y posteriormente obligaron a Quilcué y a sus dos escoltas a bajar del vehículo.
La senadora relató que fueron llevados hacia un matorral cercano, donde los obligaron a arrodillarse mientras les apuntaban con armas de fuego en la espalda.
“Yo he tenido muchos miedos y situaciones difíciles, pero esta vez sentí mucho el peligro de que nos asesinaran”, expresó Quilcué en una entrevista. “Solo le pedí a Dios y a los espíritus que pudiera salir de ahí”.
Horas después, los hombres armados abandonaron el lugar y la legisladora recuperó la libertad. Su desaparición momentánea había generado alarma entre las autoridades luego de que transeúntes encontraran su camioneta abandonada, lo que activó un operativo de búsqueda encabezado por el Ministerio de Defensa.
Quilcué es una reconocida activista indígena del pueblo nasa y ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de las comunidades originarias en el país. Su historia personal también está marcada por la violencia: su esposo fue asesinado en esa misma región en 2008.
El incidente ocurre en medio de una creciente preocupación por la violencia política en Colombia, a pocos días de que millones de ciudadanos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso. En los últimos meses se han registrado asesinatos, atentados y amenazas contra candidatos y líderes sociales.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas, desde el año pasado se han documentado al menos 32 homicidios y más de 120 amenazas o ataques contra dirigentes políticos. La Misión de Observación Electoral ha advertido además riesgos de violencia o fraude en 185 municipios del país.
Especialistas señalan que este repunte de violencia es el más grave desde el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo desarme dejó territorios disputados ahora por grupos armados dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Ante el escenario de inseguridad, el gobierno colombiano anunció el despliegue de casi 250 mil soldados para resguardar los centros de votación en todo el país.
A pesar de las tensiones, autoridades y observadores internacionales confían en que Colombia pueda realizar elecciones libres, aunque advierten que en varias regiones rurales la población continúa viviendo bajo la presión de grupos armados que buscan influir en el voto ciudadano.