Una mujer argentina que dio a luz en Florida el año pasado obtuvo de inmediato el pasaporte estadounidense para su hijo, convencida de que ese documento garantizaba su ciudadanía. Sin embargo, hoy forma parte de una creciente batalla legal tras la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que busca restringir ese derecho.
La disposición, firmada el 20 de enero de 2025, pretende negar la ciudadanía automática a hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o con estatus temporal. El caso será analizado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que escuchará argumentos sobre la constitucionalidad de la medida.
El debate se centra en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de Estados Unidos, la cual establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense son ciudadanos, siempre que estén “sujetas a su jurisdicción”. La administración Trump sostiene que este criterio no aplica a migrantes sin estatus legal o temporal, postura respaldada por algunos sectores conservadores.
No obstante, diversos tribunales federales han bloqueado la orden al considerar que “probablemente viola” tanto la Constitución como leyes vigentes. El caso que llegará al máximo tribunal se originó en Nueva Hampshire, donde un juez federal frenó su implementación.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles han rechazado la medida, argumentando que representa un intento de redefinir de manera radical el concepto de ciudadanía en el país. Además, estimaciones indican que más de 250 mil bebés al año podrían verse afectados si la orden entra en vigor.
La iniciativa forma parte de una política migratoria más amplia del gobierno de Trump, que incluye el endurecimiento de deportaciones, restricciones al asilo y la reducción en la admisión de refugiados.
Para la mujer argentina, quien llegó a Estados Unidos en 2016 con visa de estudiante y actualmente tramita su residencia permanente, el tema se volvió personal durante su embarazo. Reconoció haber sentido incertidumbre ante la posibilidad de que su hijo perdiera el derecho a la ciudadanía.
Pese a ello, afirmó que su percepción del país no ha cambiado. “Nada de lo que pase habría modificado mi decisión, porque aquí tengo lo más importante: mi familia”, expresó.
El fallo de la Corte Suprema podría sentar un precedente histórico sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y redefinir uno de los principios más arraigados en su Constitución.