El mismo día en que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado mexicano respondió con un rechazo formal mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La decisión del organismo internacional se basa en la facultad de llevar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas situaciones en las que existan indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un país miembro.
En su resolución, el Comité detalló la interacción sostenida con México desde 2012, incluyendo observaciones y recomendaciones emitidas en distintos años. También recordó que, tras su visita en 2021, se identificó que únicamente entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias dictadas a nivel nacional.
Uno de los principales puntos de desacuerdo radica en la interpretación de la responsabilidad del Estado. El Comité sostiene que los gobiernos son responsables no solo de actos cometidos por servidores públicos, sino también de aquellos perpetrados por grupos criminales cuando existe autorización, apoyo, aquiescencia o falta de acción para prevenirlos.
De acuerdo con el organismo, hasta febrero de 2026 se habían recibido 819 acciones urgentes relacionadas con desapariciones en México, la cifra más alta entre los Estados parte. Además, documentó la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, así como alrededor de 72 mil restos sin identificar.
El Comité también citó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para argumentar que las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad, incluso cuando son cometidas por actores no estatales.
En su análisis, incluyó casos ocurridos en diversas entidades del país, algunos presuntamente vinculados a servidores públicos y otros a organizaciones criminales que habrían operado con complicidad o tolerancia de autoridades. Entre ellos, mencionó los campos de entrenamiento en Tala y Teuchitlán.
Pese a reconocer avances institucionales, el Comité concluyó que las medidas adoptadas por México han sido insuficientes frente al aumento sostenido de desapariciones, la impunidad, la crisis forense y la falta de apoyo a las familias.
Como parte de su decisión, el organismo planteó a la Asamblea General la necesidad de fortalecer la cooperación técnica y financiera hacia México, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer los casos y proteger a las familias buscadoras.
Por su parte, el Gobierno de México rechazó el posicionamiento al considerarlo “tendencioso” y acusó al Comité de omitir información actualizada proporcionada por el Estado. Señaló que el análisis se enfoca en hechos ocurridos principalmente entre 2009 y 2017, sin valorar reformas recientes como la actualización de la ley en 2025 y nuevas herramientas institucionales.
Entre estas acciones, destacó la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la apertura inmediata de carpetas de investigación, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la ampliación del Banco Nacional de Datos Forenses.
El comunicado concluye que México está abierto a la cooperación internacional, pero no bajo premisas que, a su juicio, no reflejan la realidad actual del país.
No obstante, el contraste entre ambas posturas pone en evidencia la persistencia de una crisis que, de acuerdo con el propio Comité, requiere cambios estructurales urgentes. La situación cobra mayor relevancia ante el contexto de violencia que enfrentan familiares de víctimas, como el reciente asesinato de una persona buscadora en Guanajuato, lo que subraya los riesgos que enfrentan quienes continúan la búsqueda de sus seres queridos.