La profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Elena Azaola Garrido, llamó a realizar una indagatoria “absolutamente pulcra y convincente” en torno al caso de Edith Guadalupe, joven de 21 años hallada sin vida en un inmueble de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, la especialista advirtió que el caso debe entenderse dentro de un contexto de “violencia exacerbada” en la Ciudad de México, especialmente por el incremento de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres jóvenes.
Azaola subrayó que el grupo de edad entre 10 y 24 años concentra la mayor incidencia de desapariciones de mujeres en la capital, lo que, dijo, obliga a las autoridades a actuar con rigor y sin precipitación en sus conclusiones.
La investigadora también cuestionó la actuación inicial de las autoridades, señalando que la familia de la víctima enfrentó trabas desde el primer momento. De acuerdo con su relato, los familiares recibieron indicaciones de esperar 72 horas e incluso solicitudes de dinero, lo que calificó como contrario a los protocolos establecidos.
Indicó que la presión ejercida por la familia, incluyendo el cierre de calles, fue determinante para acelerar la respuesta institucional. Asimismo, destacó que los propios familiares contrataron a un investigador privado, quien obtuvo imágenes del sistema C5 que confirmaron el ingreso de la joven al inmueble, pese a que inicialmente se había negado esa información.
En cuanto a la investigación, Azaola expresó dudas sobre la rapidez con la que la Fiscalía capitalina presentó a un presunto responsable. Aclaró que sus señalamientos son hipótesis basadas en información pública, pero consideró necesario esclarecer pruebas, móviles y posibles antecedentes.
Entre los elementos que pidió revisar, mencionó testimonios de otras jóvenes que habrían sido citadas en el mismo edificio con promesas de empleo, lo que podría coincidir con métodos de reclutamiento utilizados por redes de trata de personas.
La especialista cuestionó si las autoridades han recabado estos testimonios, así como entrevistas a vecinos para determinar quién realizaba las citas, a qué departamentos acudían las jóvenes y con qué propósito.
También planteó dudas sobre el móvil atribuido al velador detenido, al considerar necesario acreditar si contaba con la capacidad para contactar víctimas, ofrecer empleos falsos o participar en una posible red criminal.
Azaola enfatizó que la existencia de indicios biológicos no es suficiente para cerrar el caso y reiteró que todas las líneas de investigación deben agotarse. Asimismo, pidió investigar las denuncias de la familia del detenido, que asegura que éste fue golpeado y amenazado.
La investigadora también llamó a no descartar el análisis de imágenes difundidas en medios, donde aparece un hombre mayor con una joven en un elevador, pese a que la Fiscalía señaló que no están relacionadas con el crimen.
No obstante, reconoció como positiva la postura de la autoridad de mantener abiertas diversas líneas de investigación, al considerar que ello refleja un compromiso con el esclarecimiento del caso.
Finalmente, advirtió que este expediente pone en juego la credibilidad de las autoridades capitalinas y recordó antecedentes como el caso del feminicida de Iztacalco, donde la participación de las familias fue clave para avanzar en las investigaciones.
“Se debe actuar con compromiso con la verdad y la justicia, sin apresurarse a cerrar el caso”, concluyó.