Ciudad de México.— El concejal de Morena en Benito Juárez, Hugo Torres Zumaya, aseguró que en la capital del país operaría una presunta red dedicada al despojo de inmuebles, fraude procesal y venta irregular de viviendas, a la que denominó “la mafia del despojo”.
Durante una entrevista en el programa Aristegui en Vivo, el funcionario sostuvo que existe “un sinnúmero de despojos de inmuebles” en la Ciudad de México y afirmó que, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, este fenómeno iría más allá de lo que se ha identificado como el “cártel inmobiliario”, al considerar que tendría un origen previo.
Explicó que el término “mafia del despojo” surgió a partir del trabajo conjunto con una red vecinal integrada por ciudadanos, víctimas y profesionistas que comenzaron a documentar casos relacionados con la pérdida de patrimonio. Este grupo, dijo, está conformado por más de 20 personas entre representantes vecinales, abogados pro bono y colaboradores que revisan expedientes y denuncias.
Torres Zumaya indicó que uno de los casos que detonó la organización ocurrió el 5 de agosto del año pasado, tras el reporte de un desalojo violento en la colonia Narvarte. Según relató, el operativo se llevó a cabo de madrugada y presentó diversas irregularidades, entre ellas la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana provenientes de otras alcaldías, así como la intervención de personal de la Fiscalía capitalina.
“Es una situación muy complicada porque no solamente despojan a la gente, la lesionan, aprovechan que son personas en vulnerabilidad y la roban de lo poco que tienen”, afirmó.
Posteriormente, señaló, identificaron otro caso similar en la colonia Portales, donde también resultaron afectadas personas adultas mayores. Al comparar ambos expedientes, aseguró, detectaron un patrón repetido que incluiría fraude procesal y actuaciones irregulares dentro de la fiscalía desconcentrada de Benito Juárez.
El concejal también criticó los obstáculos que enfrentan las víctimas para presentar denuncias y denunció presuntos actos de corrupción dentro de corporaciones de investigación. En ese contexto, hizo referencia al caso del feminicidio de Edith Guadalupe, cuyos familiares denunciaron solicitudes de dinero para agilizar indagatorias.
Uno de los casos emblemáticos expuestos es el de “Lupita”, una mujer adulta mayor en situación de vulnerabilidad que, según explicó, enfrenta un proceso judicial por despojo derivado de un presunto fraude procesal relacionado con una deuda inexistente. De acuerdo con su testimonio, la afectada debe firmar medidas cautelares cada semana mientras continúa el litigio sobre el inmueble donde asegura haber vivido toda su vida.
Torres Zumaya agregó que incluso antes de que avanzara el proceso judicial, el inmueble ya era promovido en redes sociales como desarrollo habitacional, mediante supuestas preventas vinculadas al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), lo cual fue rechazado por autoridades del sector.
Durante la misma emisión, el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, negó cualquier vínculo del INVI con dichas prácticas y anunció la presentación de una iniciativa de reformas enfocadas en rentas justas, vivienda asequible y combate a desalojos ilegales.
El concejal advirtió además sobre otra modalidad en la que personas son invitadas a invertir en inmuebles a través de redes sociales con promesas de rendimientos económicos, pese a que algunos de estos predios podrían tener origen irregular o carecer de permisos.
En materia urbana, denunció presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios que excederían los niveles autorizados en distintas zonas de Benito Juárez y Cuauhtémoc, y cuestionó la actuación de autoridades responsables de otorgar permisos.
Asimismo, mencionó un caso en un inmueble afectado por el sismo de 2017, catalogado en riesgo estructural, donde unas 60 familias podrían estar en peligro. También vinculó uno de los litigios con un despacho relacionado con Virgilio Andrade, exsecretario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Finalmente, Torres Zumaya afirmó que la red vecinal ha documentado más de 35 casos con características similares en alcaldías como Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, e incluso en otras entidades del país.
Ante ello, solicitó la intervención directa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pidió que su titular, Bertha Alcalde Luján, revise las actuaciones en la fiscalía desconcentrada de Benito Juárez para esclarecer los hechos.