A diez semanas del inicio de la contingencia ambiental en el Golfo de México, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y comunidades costeras emitieron una alerta urgente al acusar a las autoridades federales de minimizar de forma sistemática la magnitud del desastre.
Mientras el discurso oficial del grupo interdisciplinario de atención al derrame sostuvo en marzo que las playas estaban “totalmente limpias”, el monitoreo ciudadano ha documentado la presencia de hidrocarburos en al menos 81 de 113 sitios afectados, a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral, desde Paraíso hasta Matamoros.
Reportes recientes, correspondientes al 20 y 21 de abril de 2026, confirmaron nuevos arribos de chapopote en Punta San Juan y la Barra de Tupilco, lo que sugiere la existencia de depósitos de crudo en el fondo marino, mismos que continúan siendo arrastrados por corrientes y eventos de “Norte”.
La devastación biológica registrada por comunidades indígenas y pesqueras incluye la muerte de 22 tortugas marinas, cuatro delfines, un manatí, así como numerosos peces y pelícanos, además de afectaciones visibles en manglares y sistemas arrecifales.
Organizaciones ambientalistas advirtieron que las inspecciones visuales realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Petróleos Mexicanos resultan insuficientes, ya que no se han efectuado estudios profundos sobre la presencia de contaminantes en sedimentos, agua y biota, lo que genera incertidumbre sobre la seguridad alimentaria en la región.
La Red Corredor Arrecifal señaló que la respuesta institucional ha sido desigual, priorizando zonas turísticas mientras comunidades rurales y rocosas permanecen desatendidas, lo que calificaron como una muestra de injusticia estructural hacia pueblos originarios de Veracruz y Tabasco.
Además del daño ecológico, el derrame ha impactado severamente la economía local. La caída en la venta de productos marinos y el temor por la contaminación de equipos de pesca han dejado sin sustento a miles de familias. Las indemnizaciones anunciadas, cercanas a 15 mil pesos, han sido consideradas insuficientes y excluyentes, al beneficiar únicamente a una parte de los trabajadores registrados.
Mujeres pescadoras y habitantes nahuas de zonas como Pajapan denunciaron que la actividad petrolera pone en riesgo su herencia cultural y el futuro de nuevas generaciones, al convertir la región en una “zona de sacrificio” donde prevalece la extracción sobre la vida.
Ante la gravedad de la situación, las organizaciones exigieron la instalación inmediata de una mesa de trabajo con participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como la implementación de un programa de monitoreo independiente que evalúe los riesgos a la salud humana por exposición al crudo.
Entre sus demandas centrales destacan la transparencia en el manejo de residuos peligrosos y la creación de una zona de salvaguarda en aguas someras que prohíba de manera definitiva las actividades de exploración y explotación en el corredor arrecifal del suroeste del Golfo.
Finalmente, los ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades a abandonar la minimización del desastre y asumir una política de protección y restauración integral frente a lo que consideran un patrón persistente de impunidad ambiental.