La Iglesia católica denunció presuntas redadas y detenciones arbitrarias contra personas migrantes en distintos puntos de la Ciudad de México, y exigió a las autoridades garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
A través del semanario “Desde la Fe”, la institución religiosa aseguró que ha recibido y documentado testimonios sobre operativos realizados por personal de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración en diversas alcaldías de la capital.
La Pastoral de Movilidad Humana señaló que agentes migratorios presuntamente interceptan a personas extranjeras tanto en la vía pública como dentro de los lugares donde habitan.
De acuerdo con la denuncia, los operativos se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, especialmente en colonias como Guerrero, San Rafael, La Merced, Tepito y zonas de Polanco, además de algunos reportes en Iztapalapa.
La Iglesia advirtió que muchas de estas acciones supuestamente se realizan sin órdenes oficiales visibles, sin identificación clara de los agentes y sin respetar garantías básicas del debido proceso.
Uno de los aspectos que calificó como más preocupantes es la detención de personas migrantes que cuentan con documentación legal vigente en México, entre ellas solicitantes de refugio, personas en proceso de regularización y refugiados reconocidos oficialmente por el Estado mexicano.
La Arquidiócesis señaló que detener a personas con protección legal representa una contradicción grave y podría vulnerar acuerdos internacionales relacionados con el principio de no devolución.
Asimismo, atribuyó el aumento de la presión migratoria a las políticas implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, situación que, afirmó, ha provocado que más migrantes permanezcan durante mayor tiempo en territorio mexicano.
Ante este panorama, la Iglesia hizo un llamado a las autoridades federales para suspender las redadas y reforzar mecanismos de protección para la población migrante.
También solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para supervisar los operativos y documentar posibles abusos de autoridad.