La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Lucía Mimiaga León, advirtió que la iniciativa de reforma en materia de transparencia enviada al Congreso local por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya representa “retrocesos muy importantes” y podría limitar el acceso a información pública relacionada con vuelos oficiales y casos de corrupción en investigación.
Durante una entrevista en el programa Aristegui en Vivo, Mimiaga León acusó al Congreso estatal de cerrar espacios a la participación ciudadana y pidió que la propuesta no sea aprobada.
“Estamos exigiendo que este Congreso del Estado no vote esta iniciativa propuesta por el gobernador, porque trae retrocesos muy importantes para la transparencia”, afirmó.
La representante del CPC explicó que organizaciones civiles impulsaron durante el último año una iniciativa ciudadana para fortalecer las obligaciones de transparencia en la entidad; sin embargo, aseguró que fue desechada el mismo día en que se presentó la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal.
“Ha sido un Congreso muy cerrado, no quiere reunirse con las organizaciones ciudadanas, no está abierto a la crítica, no está abierto a la propuesta ciudadana”, sostuvo.
Mimiaga León criticó además que la iniciativa oficial replique disposiciones de la legislación general sin tomar en cuenta el contexto particular de Sinaloa.
“No es posible que hagan un copy paste de lo que es la ley general”, expresó.
Entre los puntos que calificó como más preocupantes destacó la eliminación de apartados relacionados con el acceso a información sobre vuelos de aeronaves oficiales o arrendadas con recursos públicos. Indicó que la legislación vigente permite solicitar datos sobre traslados, pasajeros, tripulación y objetivos de los vuelos.
“Estos apartados simplemente se borraron de la iniciativa del gobernador. Este ya es un retroceso que podemos medir muy fácilmente”, señaló.
Asimismo, alertó sobre modificaciones vinculadas con el acceso a información de investigaciones por presuntos actos de corrupción. Explicó que la iniciativa incorpora la palabra “acreditados” en el apartado correspondiente, lo que impediría conocer expedientes mientras las investigaciones continúen abiertas.
“Ya no vamos a poder conocer cómo van avanzando ciertos actos de corrupción que se están siendo investigados en la administración pública hasta que estén cerrados y acreditados”, afirmó.
La presidenta del CPC aseguró que este cambio afectaría directamente el trabajo periodístico y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder público.
Finalmente, sostuvo que en Sinaloa existe desde hace años una resistencia institucional para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pese al contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrenta la entidad.
“Es crucial para Sinaloa tener transparencia, no es lo mismo el estado de Sinaloa que otro estado”, concluyó.