Colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para solicitar celeridad, transparencia y participación de las víctimas luego de la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.
La petición surge después de que el pasado 2 de abril de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) determinó trasladar la situación de México a la Asamblea General de la ONU, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática en el país.
En la misiva, fechada el 14 de mayo de 2026, las familias señalaron que México enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos que se ha prolongado por más de dos décadas, con más de 132 mil personas desaparecidas y más de 70 mil restos humanos sin identificar.
Los firmantes afirmaron que la decisión del CED representa una oportunidad histórica para avanzar en la localización de personas desaparecidas, la identificación de restos humanos y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Entre las solicitudes dirigidas al titular de la ONU destacan que el caso sea remitido de manera inmediata a la Asamblea General, que se informe públicamente sobre el procedimiento que seguirá el organismo internacional y que se establezca una hoja de ruta con plazos claros para el tratamiento del tema.
Asimismo, pidieron garantizar mecanismos de participación para familiares y colectivos de búsqueda durante el seguimiento del proceso internacional.
En la carta, las familias subrayaron que la urgencia responde al desgaste físico y emocional que enfrentan miles de madres, esposas y familiares que continúan buscando a sus seres queridos, muchas de ellas con problemas de salud o incluso fallecidas sin conocer el paradero de las víctimas.
Los colectivos también señalaron que la desaparición forzada no sólo afecta a quienes no han sido localizados, sino también a sus familias, quienes enfrentan estigmatización y obstáculos institucionales durante los procesos de búsqueda y exigencia de justicia.
Finalmente, advirtieron que la activación del Artículo 34 marca un precedente inédito a nivel internacional y consideraron que la actuación de la Asamblea General de la ONU en el caso de México podría convertirse en un referente global para futuras intervenciones relacionadas con desaparición forzada.