El gobierno de Cuba acusó este martes a Estados Unidos de ejercer presiones sobre países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas) con el objetivo de posponer la discusión prevista en la Asamblea General sobre el embargo económico que Washington mantiene contra la isla desde hace más de seis décadas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos recurre a “presiones, chantajes y amenazas” para influir en los países miembros antes de la sesión programada para el próximo 7 de julio.
Durante una conferencia de prensa, el canciller sostuvo que las sanciones económicas tienen consecuencias directas sobre la población cubana y aseguró que las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump han agravado la crisis económica de la isla. Entre ellas mencionó el bloqueo al suministro de combustible y nuevas medidas que, según dijo, han desalentado la inversión extranjera y profundizado la caída del turismo.
La Asamblea General de la ONU ha aprobado en 31 ocasiones resoluciones que solicitan el fin del embargo estadounidense. La votación más reciente, realizada en noviembre de 2025, volvió a registrar un amplio respaldo internacional, con Estados Unidos e Israel como los principales países que se opusieron.
Las autoridades cubanas también recordaron que especialistas de Naciones Unidas han considerado ilegales algunas de las restricciones recientes, al señalar que afectan los derechos humanos de la población. La Habana sostiene que el embargo constituye una forma de guerra económica que limita el acceso a bienes y recursos esenciales.
El embargo de Estados Unidos contra Cuba comenzó tras la Revolución Cubana de 1959, luego de que el gobierno encabezado por Fidel Castro nacionalizara empresas y propiedades de ciudadanos estadounidenses. Las primeras sanciones fueron aplicadas en 1960 durante la administración de Dwight D. Eisenhower y se ampliaron en 1962, cuando el presidente John F. Kennedy formalizó el embargo comercial en el contexto de la Guerra Fría y del acercamiento entre Cuba y la entonces Unión Soviética.
Con el paso de los años, el régimen de sanciones fue reforzado mediante leyes como la Torricelli, de 1992, y la Helms-Burton, de 1996, que endurecieron las restricciones comerciales y establecieron que cualquier modificación al embargo requiere la aprobación del Congreso estadounidense.
Mientras Cuba sostiene que el embargo ha provocado severos daños económicos y sociales, el gobierno de Estados Unidos mantiene que las sanciones buscan impulsar cambios políticos y democráticos en la isla. El tema continúa siendo motivo de debate en la comunidad internacional, donde la mayoría de los países ha expresado su rechazo a la continuidad de estas medidas.