Ciudad de México.— Tres hombres identificados como Bonifacio “N”, Yani “N” y Erik “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio de dos trabajadores de la construcción, crimen ocurrido en la alcaldía Iztapalapa y que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido motivado por una disputa económica derivada de una deuda.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2025, cuando los ahora imputados presuntamente engañaron a las víctimas para llevarlas a una zona despoblada del Cerro Xaltepec, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.
Según la indagatoria, en ese lugar los agresores atacaron a los trabajadores; uno de ellos murió por impactos de arma de fuego, mientras que el segundo perdió la vida a consecuencia de un traumatismo provocado por diversas lesiones.
Las autoridades señalaron que, con el propósito de ocultar el crimen y eliminar evidencias, los presuntos responsables incendiaron los cuerpos antes de abandonar el sitio.
Los restos fueron localizados hasta el 25 de diciembre de 2025, una semana después del doble homicidio, lo que dio paso a las diligencias periciales y al análisis de cámaras de videovigilancia que permitieron identificar a los probables responsables.
Detenciones
Como resultado de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron las capturas en distintos momentos.
Bonifacio “N” fue detenido el 9 de junio de 2026 en la colonia San José Buenavista, en Iztapalapa, y el 15 de junio un juez lo vinculó a proceso.
Posteriormente, el 1 de julio, Yani “N” y Erik “N” fueron ubicados y detenidos en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, mediante un operativo coordinado entre autoridades ministeriales.
Durante la audiencia celebrada el pasado 3 de julio, un juez determinó que existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Yani “N” y Erik “N” como probables coautores materiales del delito de homicidio calificado.
A los tres imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijarse un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.