Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos identificó a Juan Carlos “El 03” Valencia González como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
De acuerdo con el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Valencia González, de 41 años y nacido en Santa Ana, California, asumió el liderazgo de la organización criminal desde febrero de este año, en sustitución de su padrastro, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.
También conocido con el alias de “El Bimbo”, Juan Carlos Valencia es hijo de Armando “El Maradona” Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio, considerado uno de los antecedentes del CJNG.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su localización y arresto.
Su nacionalidad estadounidense ha generado un debate entre especialistas en seguridad. En marzo pasado, el diario The Wall Street Journal señaló que, de concretarse la intención expresada públicamente por el presidente Donald Trump de intensificar las acciones contra los líderes de los cárteles mexicanos, el caso de Valencia González podría implicar mayores retos legales por tratarse de un ciudadano estadounidense.
El sucesor natural del liderazgo del CJNG habría sido Rubén “El Menchito” Oseguera, hijo biológico de “El Mencho”; sin embargo, fue condenado el año pasado a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos.
Analistas consultados por medios estadounidenses han advertido que la ciudadanía de Valencia González podría limitar algunas acciones de las agencias de inteligencia de ese país para recopilar información o emprender operaciones en su contra, debido a las protecciones legales que otorga su condición de ciudadano estadounidense.
Asimismo, el exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Steven Cash, cuestionó los alcances legales de una eventual acción directa contra un ciudadano estadounidense señalado como una amenaza para la seguridad nacional, abriendo un nuevo debate sobre las facultades del gobierno de ese país en este tipo de casos.