Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. y Protein, S.A. de C.V., tras detectar irregularidades en procedimientos de contratación con el Gobierno federal.
La dependencia detalló que Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. recibió una multa de 138 mil 911 pesos y fue inhabilitada por un año y tres meses, luego de proporcionar información falsa durante un procedimiento de adjudicación directa para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología correspondiente a 2021.
De acuerdo con la investigación, la empresa declaró bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus accionistas desempeñaba un empleo, cargo o comisión en el servicio público; sin embargo, se comprobó que uno de ellos laboraba como servidor público en el IMSS. La notificación de la sanción fue realizada el 10 de julio de 2026.
Por otra parte, Protein, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa por el mismo monto, 138 mil 911 pesos, e inhabilitada por tres meses, debido al incumplimiento de un contrato derivado de una adjudicación directa para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos.
La Secretaría precisó que la empresa omitió presentar la garantía de cumplimiento y dejó de entregar 150 piezas de cloroquina, incumpliendo así las obligaciones establecidas en el contrato abierto correspondiente. La notificación de esta sanción se efectuó el 9 de julio de 2026.
Las sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que ambas empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar, de manera directa o mediante intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación y celebrar contratos con la Administración Pública Federal mientras dure el periodo de inhabilitación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las medidas fueron impuestas conforme a la legislación vigente, considerando la proporcionalidad y la gravedad de las faltas, y recordó que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes.