Miami.— Republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron una investigación sobre una controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que permitió que grandes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales buscaban construir casos más amplios contra redes de narcotráfico.
El presidente del comité, el congresista republicano por Kentucky, James Comer, envió este lunes una carta al secretario de Justicia, Todd Blanche, en la que solicita registros relacionados con la estrategia conocida como permitir que las drogas “caminen”, mediante la cual los agentes vigilan cargamentos de narcóticos sin incautarlos de inmediato.
La pesquisa del Congreso ocurre después de que informantes de la DEA en Nuevo México, considerado uno de los epicentros de la crisis del fentanilo, revelaran que recibieron instrucciones de mantenerse al margen y no decomisar cientos de miles de pastillas, lo que podría haber contravenido protocolos del Departamento de Justicia diseñados para reducir los riesgos para las comunidades.
La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia para exigir la entrega de algunos de los mismos documentos que ahora buscan los legisladores.
“Una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas”, señaló Comer en la misiva, de la cual The Associated Press obtuvo una copia.
La DEA no ha respondido hasta ahora a una solicitud de comentarios sobre la investigación.
Una investigación de AP publicada hace dos meses reveló que agentes de la DEA vigilaron en repetidas ocasiones grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025 y permitieron que las drogas llegaran a las calles mientras las autoridades intentaban fortalecer investigaciones y casos penales contra organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.
El hallazgo resulta especialmente polémico debido a que ocurrió durante una de las peores crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Incluso la propia DEA mantiene una campaña de concientización denominada “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”), que advierte que cantidades mínimas de fentanilo pueden ser mortales.
El año pasado, la Casa Blanca llegó a designar al opioide sintético como un “arma de destrucción masiva”.
Comer solicitó información correspondiente exclusivamente al gobierno del expresidente Joe Biden y cuestionó lo que calificó como una “relajación de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo” establecidos durante el primer mandato de Donald Trump.
Las reglas adoptadas en 2017 establecían que los agentes debían “incautar o impedir de otro modo la distribución” del fentanilo “tan pronto como fuera practicable”. Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó las normas en 2024 y otorgó mayor discrecionalidad a las autoridades para decidir cuándo intervenir, argumentando que preservar determinadas investigaciones podía generar mayores beneficios.
La investigación de AP también encontró que la estrategia continuó durante el segundo mandato de Trump, incluso antes del mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA, anunciado en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi.
En esa operación fueron decomisadas aproximadamente tres millones de pastillas de fentanilo. Sin embargo, cantidades todavía mayores no fueron interceptadas mientras agentes en Albuquerque vigilaban desde helicópteros y vehículos a presuntos distribuidores que ingresaban a hoteles con mochilas que, según las autoridades, podían contener hasta 100 mil pastillas.
Un exsupervisor de la DEA que participó en la investigación y ahora forma parte de un grupo de tres denunciantes sostiene que la red pudo haber sido desmantelada seis meses antes si las autoridades hubieran intervenido oportunamente.
Ante la polémica, el inspector general del Departamento de Justicia anunció este mes una revisión a nivel nacional para determinar si la misma estrategia fue utilizada en otras investigaciones federales y en operaciones que involucraron intervenciones telefónicas.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la estrategia y aseguró en una entrevista con Fox News que las investigaciones contra organizaciones criminales requieren tiempo.
“Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley”, afirmó Cole, quien dijo respaldar la revisión del inspector general.
“Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100% enfocados en el adversario”, añadió.