La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Daniel Ortega que amplía el mandato presidencial de seis a siete años y establece restricciones para impedir que determinados opositores participen en procesos electorales.
La modificación fue aprobada de manera unánime durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, informó el presidente del órgano legislativo, Gustavo Porras.
Entre las nuevas disposiciones se contempla la exclusión de las elecciones de personas que participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, sean consideradas “traidores a la patria” o soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos” contra Nicaragua.
La reforma también amplía de seis a siete años el periodo presidencial, medida que aplicará tanto para el próximo gobierno como para las actuales autoridades elegidas mediante voto popular.
Ortega y Murillo consolidan el control del poder
Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas, con un amplio control sobre las instituciones y la vida política del país.
La situación se agudizó después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 personas muertas, de acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas. El gobierno de Ortega sostiene que aquellas movilizaciones formaron parte de un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos.
Tras las protestas, miles de nicaragüenses abandonaron el país, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos. Algunos fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”.
En este contexto, la oposición dentro de Nicaragua se encuentra prácticamente desarticulada.
Dirigentes opositores en el exilio han advertido que las nuevas reglas electorales podrían facilitar la permanencia del poder en manos de la familia Ortega-Murillo, particularmente ante los problemas de salud que, según diversas versiones, enfrenta el mandatario.
Reforma genera rechazo internacional
La ampliación del mandato presidencial fue anunciada por Ortega el pasado 19 de julio, durante las celebraciones por el aniversario de la Revolución Sandinista, y provocó críticas internacionales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a iniciativa de Estados Unidos, aprobó recientemente la convocatoria de una reunión urgente de cancilleres para analizar posibles sanciones contra el gobierno nicaragüense.
La nueva Constitución, además, establece el rechazo a la aplicación de “leyes extraterritoriales” por parte de otros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló que los países miembros podrían adoptar medidas individuales o colectivas para aumentar la presión sobre Managua.
La reforma aún deberá ser ratificada durante una segunda legislatura, que comenzará a principios de 2027, un procedimiento cuya aprobación se considera prácticamente segura debido al dominio del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea.
Sin rivales electorales
Ortega gobernó Nicaragua durante la década de 1980 y regresó a la Presidencia en 2007. Desde entonces ha sido reelegido en tres ocasiones, en procesos electorales cuestionados por sectores opositores y organismos internacionales.
En las elecciones de 2021, varios aspirantes opositores fueron encarcelados y el FSLN obtuvo una amplia victoria sin una competencia política efectiva.
En 2024, otra reforma constitucional había ampliado el periodo presidencial de cinco a seis años y convirtió a Rosario Murillo, entonces vicepresidenta, en copresidenta de Nicaragua. También modificó el calendario electoral para trasladar a noviembre de 2027 los comicios que originalmente estaban previstos para finales de 2026.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua, pese a las presiones ejercidas por el gobierno de Donald Trump. El país centroamericano también depende de créditos de organismos financieros internacionales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante este escenario, sectores de la oposición han solicitado mayores sanciones económicas internacionales. Una docena de organizaciones opositoras acordó recientemente un plan de transición política que contempla la liberación de presos políticos y la renovación de las instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, actualmente bajo control del gobierno.