La organización señala que 227 personas han muerto en 69 ataques realizados por fuerzas estadunidenses en el Caribe y el Pacífico desde septiembre de 2025.
A un año del inicio de la campaña de ataques letales contra lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, Human Rights Watch (HRW) exigió que los funcionarios estadunidenses responsables de las operaciones rindan cuentas por la muerte de 227 personas.
De acuerdo con la organización, bajo la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, las fuerzas militares de Estados Unidos han realizado 69 ataques desde el 2 de septiembre de 2025, como parte de una campaña que el gobierno estadunidense asegura tiene como objetivo combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
Sin embargo, HRW sostuvo que matar a personas en el mar sin un juicio previo, independientemente de su presunta participación en actividades delictivas, constituye una violación del derecho internacional.
“El gobierno de Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, se ha jactado públicamente de estas muertes y no ha enfrentado ninguna rendición de cuentas”, afirmó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW.
La organización señaló que las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer plenamente lo ocurrido durante las operaciones y a obtener justicia por los daños sufridos.
Nuevos ataques reavivan las críticas
HRW destacó que los dos ataques más recientes ocurrieron el 23 y 25 de agosto de 2026. El primero dejó dos personas muertas, mientras que el segundo provocó la muerte de otras cuatro.
Estos hechos, según la organización, terminaron con las expectativas de que la campaña militar hubiera concluido, luego de que durante julio la administración estadunidense no reportara nuevos ataques.
Por el contrario, el Comando Sur de Estados Unidos anunció el 4 de agosto la creación de una nueva fuerza operativa conjunta destinada a coordinar acciones militares con 18 países socios de América.
Para Human Rights Watch, este movimiento podría indicar que Washington tiene la intención de ampliar sus operaciones militares en la región, en lugar de poner fin a la campaña cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos.