Un tribunal de apelación redujo de 31 años, 10 meses y 15 días a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión las condenas impuestas a cuatro exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), vinculados con la sustracción ilegal de hidrocarburos.
La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, que además absolvió a los cuatro exservidores públicos del delito de delincuencia organizada. De esta manera, la nueva sentencia mantiene únicamente su responsabilidad por facilitar el robo de petrolíferos.
Los beneficiados son Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, general en retiro; Emilio Cosgaya Rodríguez, coronel; y los sargentos Ramón Márquez Ledezma y José Carlos Sánchez Echavarría. Los cuatro formaban parte de la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex y fueron colaboradores del general brigadier Eduardo León Trauwitz.
¿Por qué les redujeron la condena?
Los magistrados determinaron que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no fueron suficientes para acreditar que los exfuncionarios hubieran tenido la intención de integrarse o formar parte de una organización criminal.
Por este motivo, fueron absueltos del delito de delincuencia organizada, aunque el tribunal consideró acreditada su responsabilidad por facilitar la sustracción ilícita de hidrocarburos.
La resolución, por tanto, no representa una absolución total en el caso relacionado con el llamado huachicol, sino una modificación de los delitos por los cuales deberán cumplir una condena.
Además de la pena de prisión, cada uno deberá pagar una multa de 16 mil 875 días, equivalente a aproximadamente 1 millón 979 mil 606 pesos.
¿De qué los acusaron?
Los hechos se remontan a 2015 y 2016, cuando los cuatro acusados ocupaban cargos dentro del área responsable de la seguridad de instalaciones estratégicas de Pemex.
De acuerdo con la sentencia dictada inicialmente, los entonces funcionarios habrían facilitado la extracción ilegal de aproximadamente 2 mil 194 millones de litros de gasolina, operación que habría provocado un daño patrimonial superior a 25 mil millones de pesos.
La acusación sostenía que, en lugar de impedir las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, se realizaban acciones para inhabilitarlas de manera irregular y sin cumplir con los procedimientos establecidos por la empresa.
Estas prácticas, según la investigación, habrían permitido que las conexiones clandestinas fueran reutilizadas para continuar con la extracción ilegal de combustible.