Ciudad de México.— El Gobierno de México trabaja en el diseño de una metodología única para evaluar a aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles vínculos con grupos del crimen organizado de cara a las elecciones intermedias de 2027.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el mecanismo se desarrolla en coordinación con distintas instituciones de seguridad y con el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de ponerlo en operación antes de que avance el proceso electoral.
“Se está trabajando en esta metodología única para que pueda, en coordinación con el INE, ponerse en operación este mecanismo lo antes posible”, señaló durante la conferencia presidencial realizada en Chiapas.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrán entregar de manera voluntaria al INE sus listas de precandidatos. Posteriormente, las autoridades competentes realizarán una revisión de información oficial, entre ella carpetas de investigación, movimientos financieros y posibles bloqueos de cuentas.
Con los datos obtenidos, las instituciones emitirían un dictamen individual para determinar si existe un “riesgo razonable” de que algún perfil tenga vínculos con organizaciones criminales.
Alcalde explicó que actualmente se mantienen mesas de coordinación en las que participan la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como áreas de inteligencia del Gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la implementación del mecanismo, aunque subrayó que las evaluaciones deberán sustentarse exclusivamente en información oficial de las instituciones mexicanas.
En ese sentido, descartó que decisiones tomadas por gobiernos extranjeros, como la cancelación o revocación de visas por parte de Estados Unidos, puedan ser utilizadas por sí mismas para determinar la situación de un candidato dentro del proceso electoral mexicano.
La creación de este filtro ocurre en medio de la preocupación por la infiltración del crimen organizado en la política. Durante el proceso electoral de 2024, al menos 41 políticos fueron asesinados y otros 10 fueron víctimas de secuestro, de acuerdo con los datos referidos durante la presentación de la propuesta.
Las fuerzas políticas han planteado la necesidad de establecer mayores controles para evitar que grupos criminales intervengan en las elecciones y busquen influir en la designación de candidatos o en el control de gobiernos.
Arturo Chávez, presidente de una nueva comisión del INE encargada de verificar la integridad de las candidaturas para 2027, sostuvo que la responsabilidad de garantizar elecciones libres de influencias criminales no corresponde únicamente a partidos y candidatos.
“El reclamo de integridad no debe reducirse a los partidos políticos, servidores públicos o candidatos”, afirmó, al señalar también a empresarios y medios de comunicación como actores que deben contribuir a evitar prácticas como la compra de votos, el financiamiento irregular de campañas y la difusión de información falsa.
El INE inició formalmente este jueves el proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias de junio de 2027. En esa jornada se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, incluidas las gubernaturas de 17 entidades.