Ciudad de México.- La propuesta para ampliar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a determinados alimentos con elevados niveles de sodio abrió un nuevo debate en México sobre prevención de enfermedades, regulación de productos procesados y recaudación fiscal.
La iniciativa, que es revisada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como parte de la discusión del Paquete Económico 2027, plantea aplicar el gravamen a productos como embutidos, sopas instantáneas, salsas y aderezos con altas concentraciones de sal.
Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estiman que la medida podría generar alrededor de 12 mil millones de pesos adicionales para las arcas públicas.
La discusión ocurre en un contexto de preocupación por el consumo de sodio en el país. De acuerdo con datos citados por la Alianza por la Salud Alimentaria, los adultos mexicanos ingieren aproximadamente 3.3 gramos de sodio al día, por encima de los 2 gramos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El exceso de sodio está relacionado con un mayor riesgo de hipertensión y otros padecimientos. En México, las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de muerte, mientras que alrededor de 29.9 por ciento de los adultos vive con hipertensión.
Buscan reducir el consumo mediante impuestos
Uno de los argumentos a favor del impuesto es que un aumento en el precio de productos con cantidades elevadas de sodio podría incentivar a los consumidores a reducir su compra y, al mismo tiempo, motivar a la industria alimentaria a reformular sus productos.
Un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública señala que alcanzar las metas regionales de reducción de sodio establecidas por la Organización Panamericana de la Salud permitiría evitar aproximadamente 12 mil 866 muertes cada año asociadas con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica y cáncer gástrico.
El Poder del Consumidor, organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria, manifestó su respaldo a que el Congreso discuta la propuesta.
Jorge Vargas, investigador de la organización, consideró positivo que México analice finalmente un impuesto relacionado con el sodio, aunque advirtió que la efectividad dependerá de la manera en que sea diseñado y aplicado.
También planteó que antes de aprobarlo se estudien las experiencias de otros países para determinar qué mecanismos han funcionado y cuáles han generado resultados limitados.
México ya tiene antecedentes
La discusión no parte de cero. Desde 2014 existe en México un parámetro de mil 200 miligramos de sodio por cada 100 gramos para determinar el tratamiento fiscal de determinadas galletas saladas.
Otros países han implementado medidas similares. Colombia, por ejemplo, incorporó desde 2023 un impuesto a determinados productos ultraprocesados, considerando entre sus criterios los niveles de sodio, azúcar y grasas saturadas. La tasa aumentó gradualmente hasta llegar a 20 por ciento en 2025.
La cantidad de sodio presente en algunos alimentos de consumo habitual también forma parte del debate. El jamón puede alcanzar hasta mil 255 miligramos por cada 100 gramos, mientras que el tocino llega a alrededor de mil 27 miligramos. En el caso de los embutidos, el promedio citado es de aproximadamente 884 miligramos por cada 100 gramos.
De acuerdo con la información presentada durante la discusión, 41 países cuentan actualmente con impuestos dirigidos a alimentos considerados poco saludables y utilizan el sodio como uno de los criterios para determinar su aplicación.
Experiencias internacionales muestran resultados distintos
Los resultados obtenidos en otros países no han sido uniformes.
Dinamarca implementó en 2011 un impuesto a las grasas saturadas, pero decidió retirarlo un año después debido, entre otros factores, a la oposición generada y a dificultades para explicar sus beneficios.
En Hungría, un impuesto vigente desde 2011 establece una cuota para determinados productos que rebasan niveles establecidos de sal, azúcar o cafeína. Evaluaciones posteriores encontraron que una proporción importante de consumidores reportó haber reducido su consumo.
Chile optó por otra estrategia. Aunque no estableció un impuesto específico al sodio, implementó un sistema de etiquetado frontal para advertir cuando los productos presentan altos niveles de determinados nutrientes.
Entre 2016 y 2023, los productos identificados como altos en sodio pasaron de representar 74 a 27 por ciento de los alimentos analizados, mientras que su compra per cápita disminuyó 36.7 por ciento.
Con estos antecedentes, el Congreso mexicano deberá determinar si un impuesto al sodio puede convertirse en una herramienta efectiva para modificar los hábitos de consumo y reducir los riesgos asociados con una dieta elevada en sal, además de valorar sus posibles efectos económicos sobre consumidores e industria.