Ciudad de México.- Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con instituciones del Gabinete de Seguridad federal, detuvieron al excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, John Keny “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el exmando policial presuntamente brindaba protección y encubrimiento a la célula delictiva denominada “Los Cromos”, identificada por las autoridades como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.
Operativo coordinado
La aprehensión fue realizada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la Fiscalía de Oaxaca, mediante trabajos de inteligencia y coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.
Tras su captura, el exfuncionario fue trasladado bajo un dispositivo especial de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Con esta detención suman tres personas aprehendidas dentro de la intervención desplegada en Juchitán.
Un día antes, las fuerzas federales y estatales detuvieron al presidente municipal en funciones de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, señalado como presunto operador delictivo.
Al edil se le relaciona, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, con presuntos delitos de extorsión agravada, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Denuncias de extorsión en el Ayuntamiento
Las indagatorias apuntan a que los funcionarios y presuntos integrantes del grupo criminal habrían actuado en complicidad para facilitar y encubrir actividades ilícitas en la región.
En paralelo, el exsecretario municipal de Juchitán, Mariano Rosado López, quien dejó el cargo en agosto pasado y permanece prófugo luego del cateo realizado en su domicilio, difundió un comunicado en el que aseguró que durante su gestión diversos funcionarios y comerciantes fueron víctimas de amenazas, extorsiones y cobro de piso.
Rosado López sostuvo que cuenta con evidencias relacionadas con estas presuntas redes delictivas, pero afirmó que en su momento no fueron presentadas ante el Ministerio Público debido al temor de represalias contra sus familias.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones federales para desarticular las redes de complicidad que operan en la región del Istmo y llevar ante la justicia a las personas involucradas, independientemente del cargo o función pública que hayan desempeñado.