La escuela primaria de Fracción Tzanembolom suspendió actividades en febrero de 2024; documentos oficiales reportan desplazamiento forzado, mientras la Guardia Nacional acumula casi 3 mil patrullajes sin detenidos ni aseguramientos.
Cerca de un centenar de niñas y niños de la comunidad tsotsil de Fracción Tzanembolom, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, llevan más de dos años sin recibir clases debido a la violencia que afecta a la región. Se trata de la misma localidad donde, el pasado 5 de octubre, familias denunciaron que un grupo armado presuntamente obliga a sus hijos a consumir drogas.
Documentos entregados por la Secretaría de Educación de Chiapas, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, señalan que las actividades escolares se suspendieron el 12 de febrero de 2024, luego del asesinato de Prudencio Pérez Pérez, quien se desempeñaba como integrante del comité de educación.
A partir de ese hecho, las clases no se reanudaron durante el resto del ciclo escolar 2023-2024. La situación persiste hasta la fecha, de acuerdo con los informes oficiales.
Para el ciclo escolar 2025-2026, la dirección de la Escuela Primaria Bilingüe “Amado Nervo” informó que los estudiantes de Fracción Tzanembolom no fueron atendidos por falta de espacios educativos. Respecto al ciclo actual, el documento señala que los menores continúan sin recibir clases.
La escuela tiene cuatro docentes asignados para atender a 101 niñas y niños de cinco grados escolares; sin embargo, la falta de instalaciones adecuadas y las condiciones de violencia han impedido que los profesores desempeñen sus funciones en la comunidad.
El supervisor de la zona escolar reconoció que los alumnos no han podido ser atendidos porque la localidad es “el epicentro del conflicto social”.
Desplazamiento forzado por la violencia
La documentación también da cuenta del desplazamiento de habitantes de Centro Tzanembolom, comunidad vecina de Fracción Tzanembolom, quienes abandonaron sus hogares durante 2024 ante el incremento de la violencia.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Educación, 267 personas tuvieron que salir de su localidad luego de que aumentaran las agresiones relacionadas con el conflicto entre ambas comunidades.
Habitantes de las dos localidades vinculan al grupo armado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que atribuyen las amenazas y presiones que enfrentan.
Otros documentos oficiales, entre ellos registros de la Secretaría de Protección Civil, reconocen la situación de desplazamiento forzado de las familias y la relacionan con conflictos sociales.
En cuanto a la posibilidad de reanudar las actividades escolares, el supervisor de la zona informó que “han sido nulos los esfuerzos” para garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas.
El documento señala que el 21 de agosto de este año, el delegado de Gobierno de la región Tseltal-Tsotsil, Nicolás González Ruiz, informó que se daría seguimiento al caso. Sin embargo, en un reporte fechado el 22 de septiembre, el supervisor indicó que hasta ese momento nadie se había comunicado con las autoridades escolares para atender la situación.
Casi 3 mil patrullajes sin detenidos ni aseguramientos
Pese a la presencia de fuerzas federales en Chenalhó, los registros de la Guardia Nacional reportan que, entre enero de 2024 y el 15 de septiembre de 2026, se realizaron 2 mil 967 patrullajes motorizados en el municipio.
En una respuesta a una solicitud de información, mediante el oficio GN/UAJT/UT/2497/2026, fechado el 8 de octubre, la corporación informó que durante ese periodo no registró personas detenidas ni el aseguramiento de armas, cartuchos, vehículos o sustancias.
Además, la Guardia Nacional señaló que no cuenta con registros o documentos específicos sobre la situación en Centro Tzanembolom y Fracción Tzanembolom, pese a que la búsqueda de información incluyó a su Dirección General de Inteligencia.
Los datos contrastan con las denuncias de los habitantes, quienes han señalado la presencia de hombres armados y presuntas presiones para entregar recursos destinados a la compra de municiones, además de la acusación de que los menores son obligados a consumir drogas.
Gobierno de Chiapas anuncia operativo
Tras las denuncias difundidas públicamente, el Gobierno de Chiapas respondió inicialmente mediante un video grabado en las instalaciones del C5, en Tuxtla Gutiérrez, que la Secretaría General de Gobierno y Mediación publicó en Facebook la tarde del 8 de octubre.
En la grabación, el secretario general de Gobierno, Enrique Hernández Bielma, señaló que se actuaría “si en caso estuvieran violentando la paz social”.
Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, anunció el despliegue de 200 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, así como el uso de un dron y sobrevuelos de un helicóptero Black Hawk.
El funcionario aseguró que en la zona prevalecía la calma. Durante una transmisión en vivo, el comandante de la zona reportó “sin novedad” desde el crucero que divide los municipios de Pantelhó y Chenalhó.
Un día después, la Secretaría de Gobierno difundió otro video en el que aparece un hombre acompañado de cuatro mujeres en la entrada de las oficinas del Poder Ejecutivo estatal.
En la grabación, el hombre afirma que acudieron a solicitar justicia y que no quieren problemas, además de agradecer la atención de las autoridades. Las imágenes también muestran a las personas mientras reciben una mochila azul.
El material fue acompañado de un mensaje oficial en el que se indicó que las personas atendidas aseguraron que no habían pagado cuotas ni habían sido víctimas de secuestro, con lo que el Gobierno estatal buscó aclarar parte de la información que había circulado previamente en redes sociales.
Mientras las autoridades estatales anuncian operativos y acciones de seguimiento, los documentos educativos mantienen un panorama de incertidumbre para las familias de Fracción Tzanembolom: 101 estudiantes continúan sin acceso a clases y, hasta los últimos informes disponibles, no existe una fecha confirmada para la reanudación de las actividades escolares.