Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas aseguraron que no participaron en las decisiones administrativas del instituto y pidieron revisar las facultades de la presidencia.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguraron que desconocían la forma en que se celebraban los contratos de prestación de servicios durante la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta, al señalar que las decisiones administrativas correspondían exclusivamente a la presidencia del organismo.
Entrevistados sobre el escándalo de presuntas irregularidades en la institución, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Uuc-Kib Espadas coincidieron en que la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) concentró las facultades administrativas en la presidencia, lo que redujo la capacidad del Consejo General para supervisar la gestión institucional.
“Los consejeros no teníamos ni la más remota participación en la administración del instituto, eso es una estructura distinta, no tomamos esas decisiones, esas decisiones no pasan por nosotros”, afirmó Uuc-Kib Espadas Ancona.
Cuestionan concentración de facultades
La consejera Carla Humphrey recordó que impugnó ante el Tribunal Electoral la reforma legal impulsada por Morena en el Congreso de la Unión, mediante la cual se ampliaron las atribuciones de la presidencia del INE para realizar nombramientos.
Humphrey sostuvo que los consejeros no tienen facultades directas para administrar el organismo y advirtió que la concentración de atribuciones afecta el carácter colegiado de la institución.
“Por ley nosotros no administramos este instituto”, expresó, al cuestionar las facultades que calificó como un “maxi poder” o “superpoder”, al considerar que debilitan la corresponsabilidad entre los integrantes del Consejo General.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo llamó al Congreso de la Unión a reconsiderar las atribuciones otorgadas a la presidencia, al señalar que la reforma disminuyó la capacidad de vigilancia del máximo órgano de dirección del instituto.
“Es urgente que el Congreso de la Unión reconsidere las super facultades que le otorgaron a la presidencia del Consejo General; esas super facultades, como lo vimos, no abonaron no solo a la colegialidad, sino que disminuyeron claramente las capacidades del Consejo General de vigilar cómo se llevaba a cabo la gestión de la propia institución”, señaló.
Taddei presenta su renuncia
Las declaraciones de los consejeros se producen luego de que Guadalupe Taddei presentara formalmente su renuncia como consejera presidenta del INE ante la Cámara de Diputados, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y de una investigación emprendida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión de los recursos públicos dentro del organismo electoral, así como sobre las responsabilidades que podrían corresponder a los funcionarios involucrados.
Ofrecen colaborar con las investigaciones
Arturo Castillo afirmó que los 10 consejeros que permanecen en el INE están dispuestos a colaborar con las investigaciones que realicen tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Órgano Interno de Control.
El consejero puntualizó que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades administrativas o de otra índole entre los funcionarios involucrados.
“Sobre qué consejerías, qué funcionarios pueden o no tener las manos limpias o sucias, creo que en su momento corresponderá definirlo a los órganos competentes”, sostuvo.
Mientras avanzan las investigaciones, los consejeros insistieron en la necesidad de revisar el modelo de administración del INE para fortalecer la supervisión colegiada, garantizar la transparencia en la contratación de servicios y evitar la concentración excesiva de facultades en una sola persona.