La Embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan “posibles amenazas a la democracia en el país“, derivado del Plan B de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, detallaron tres funcionarios estadounidenses en un informe a The New York Times.
En el infome titulado “México obstaculiza a la instancia electoral que ayudó a poner fin al gobierno de un solo partido”, firmado por Natalie Kitroeff, algunos legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por los cambios a las leyes secundarias mexicanas, sin embargo, el Gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público.
El gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses”, se detalló en la publicación.
El Senado de la República aprobó este miércoles el llamado Plan B de Reforma Electoral, que modifica varias leyes secundarias que promueven una reducción de 3 mil 500 millones de pesos en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque rechazaron la cláusula de “vida eterna”, que beneficiaba a partidos pequeños.
Las modificaciones a la ley fueron aprobadas, en lo general y en lo particular, con 72 a favor y 50 en contra.
El dictamen contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.
También por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet.
Además, establece las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
El próximo domingo 26 de febrero organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición convocaron a una movilización para protestar en contra de la reforma electoral. Se espera que más de 80 ciudades de México y el extranjero participen en estas marchas.
Con información de The New York Times y EFE