Con la reciente aprobación de la Reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) por parte de 17 congresos estatales, la medida cumple con el requisito de respaldo de la mitad más uno de los legislativos locales, lo que abre el camino para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Esta reforma otorga nuevas herramientas legales a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Secretarías de Hacienda (SHCP) y Economía (SE) para solicitar prisión preventiva en casos de contrabando, defraudación fiscal y otros delitos graves que afectan tanto la seguridad nacional como las finanzas públicas.
Entre los congresos que han respaldado esta reforma se incluyen los de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Además de contar con el aval de la Cámara de Diputados y el Senado, la reforma representa un paso clave en los esfuerzos del gobierno federal para combatir el contrabando, un fenómeno que ha cobrado mayor relevancia debido a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, para frenar la entrada de productos ilegales a México, como los provenientes de China.
El contrabando ha generado un gran impacto en las finanzas públicas de México. Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), las actividades relacionadas con aduanas y comercio exterior siguen siendo los principales focos de evasión fiscal, contrabando y corrupción. En 2023, el SAT integró 77 expedientes penales por contrabando y defraudación fiscal, con un daño al erario superior a los 6 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 257.9% respecto al año anterior. Los productos que ingresan ilegalmente al país incluyen combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, calzado y electrónicos. Entre 2020 y 2023, se denunciaron a 732 personas involucradas en estas actividades, entre ellas funcionarios públicos y particulares.
La reforma también establece que la prisión preventiva oficiosa se aplicará en casos de extorsión, tráfico de drogas sintéticas y fentanilo, así como en el desvío, producción y almacenamiento de precursores químicos, delitos que afectan gravemente a la seguridad y al bienestar de la sociedad. Un estudio de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reveló que el 50% de los consumidores mexicanos adquieren productos pirata o de contrabando de manera voluntaria, lo que resalta la magnitud del problema que esta reforma busca combatir de manera integral.
La entrada en vigor de la reforma representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el contrabando, con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y proteger tanto las finanzas públicas como la seguridad nacional.