Un juez de la Ciudad de México absolvió a Diego ‘N’, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de dos denuncias por delitos contra la intimidad sexual, pese a las pruebas presentadas en su contra. Francisco Salazar Silva, el juez encargado del caso, consideró que los elementos presentados por la fiscalía no fueron suficientes para dictar una condena en estos dos casos. Sin embargo, Diego ‘N’ continuará recluido en el penal debido a otros procesos legales pendientes.
Valeria Martínez, abogada de las estudiantes denunciantes, expresó su inconformidad con el fallo, señalando que el material encontrado en el dispositivo del acusado debería haber sido suficiente para acreditar los delitos. Entre los archivos hallados se encontraban fotografías íntimas, tanto reales como manipuladas digitalmente, de al menos mil mujeres de entre 17 y 25 años, así como más de 166 mil imágenes alteradas con inteligencia artificial y 20 mil videos pornográficos distribuidos sin consentimiento.
La abogada adelantó que apelaran la decisión, ya que aún están pendientes seis denuncias más y una carpeta de investigación por pornografía infantil, delito por el que también enfrenta cargos Diego ‘N’. El acusado ha permanecido en prisión preventiva desde octubre de 2023, cuando fue detenido por las acusaciones de ocho de sus compañeras.
El caso ha generado indignación y señalamientos hacia el sistema judicial por parte de organizaciones y activistas que luchan contra la violencia digital y por la defensa de los derechos de las mujeres. «Este tipo de resoluciones envían un mensaje equivocado a las víctimas y perpetúan la impunidad», comentó un colectivo feminista que ha estado acompañando a las denunciantes.
El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, emitió un comunicado donde reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de sus estudiantes y condenó cualquier acto que atente contra su integridad. También reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para que se haga justicia en este caso.
Mientras se desarrollan las apelaciones y los procesos pendientes, el caso de Diego ‘N’ sigue siendo un llamado de atención sobre la urgencia de reforzar los mecanismos legales para sancionar la violencia digital y garantizar la protección de las víctimas.