Tbilisi, Georgia.– Desde más de 2 mil kilómetros de distancia, un reclamo de justicia resuena con fuerza en el deporte mexicano. Los esgrimistas Vanessa Chávez, Elliott Barreto y Máximo Azuela, participantes en el Campeonato Mundial de Esgrima, denunciaron públicamente al Comité Olímpico Mexicano (COM) y a la Federación Mexicana de Esgrima (FME) por haberlos excluido de manera injusta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a celebrarse en agosto.
A través de un video difundido en redes sociales, los jóvenes atletas —especialistas en sable y florete— expresaron su indignación por haber quedado fuera, a pesar de haber clasificado previamente en competencias oficiales. “Fue un esfuerzo conjunto y no se me hace justo que, después de todo, alguien venga a quitarnos algo que nos pertenece”, señaló Barreto. Azuela agregó: “No solo me quitaron mi lugar, también le quitaron a México una oportunidad de medalla”.
Vanessa Chávez, por su parte, envió un mensaje directo a quienes ocuparán su lugar en la justa: “Clasificamos legítimamente. A quienes van a ocupar nuestros lugares sabiendo que no les pertenecen, les deseo que nunca les arrebaten algo que sí se ganaron en la pista”.
Postura oficial y controversia federativa
En respuesta, el COM —presidido por María José Alcalá— emitió un comunicado explicando que, de acuerdo con Panam Sports, las plazas obtenidas son propiedad del país y no de atletas individuales. Por ello, se organizó un nuevo selectivo nacional para definir al equipo que representará a México en Paraguay.
Sin embargo, los esgrimistas cuestionan la legalidad del selectivo, realizado por la FME bajo la dirección de Jorge Castro Rea, cuya legitimidad ha sido cuestionada. Este conflicto se remonta a disputas internas en el organismo, ya que la Federación Internacional de Esgrima (FIE) reconoce a una nueva agrupación, la Asociación Deportiva Nacional de Esgrima Mexicana (ADNEM), liderada por Holda Lara.
Fondo de un conflicto estructural
El caso refleja una problemática más profunda dentro del deporte mexicano, marcada por disputas institucionales que terminan afectando directamente a los atletas. Mientras el COM sostiene que actúa conforme a reglamentos internacionales, los deportistas exigen transparencia, justicia y reconocimiento a sus logros.
A menos de un mes de la competencia, el caso sigue abierto y los atletas buscan respaldo público para visibilizar lo que consideran una arbitrariedad que les ha costado una oportunidad que se ganaron en la pista.