Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue colocado bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia, luego de que la Corte Suprema de ese país determinara que incumplió las medidas cautelares impuestas en su contra en el marco de una investigación por intento de golpe de Estado.
La orden fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, quien encabeza el caso que indaga los presuntos actos golpistas del exmandatario. La Policía Federal ejecutó la detención este lunes, además de confiscar sus teléfonos celulares.
De acuerdo con De Moraes, Bolsonaro infringió la restricción de no difundir mensajes en redes sociales —propias o ajenas— al haber compartido recientemente, mediante canales vinculados a sus aliados y familiares, declaraciones que promueven la deslegitimación del Poder Judicial y sugieren una intervención extranjera.
Como parte de las nuevas medidas impuestas, Bolsonaro no podrá recibir visitas fuera de su círculo familiar y legal, y deberá portar una tobillera electrónica para seguimiento continuo.
Defensa niega violaciones y anuncia apelación
Los abogados del exmandatario expresaron su desacuerdo con la decisión judicial, asegurando que no hubo desacato alguno. Alegan que el mensaje transmitido —“Buenas tardes mi Brasil. Un abrazo a todos. Es por nuestra libertad. Estamos juntos”— no constituye delito, sino una simple expresión de apoyo a sus simpatizantes.
Argumentan además que no existe prohibición específica sobre participar en entrevistas o eventos públicos, por lo que consideran que la orden carece de sustento legal. Adelantaron que interpondrán un recurso ante el Supremo.
Antecedentes del caso
Bolsonaro es investigado por su presunta participación en un plan para revertir los resultados electorales de 2022 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía lo señala por haber presionado a figuras militares y judiciales para desconocer los comicios, así como por haber instigado los ataques a los tres poderes de gobierno brasileños el 8 de enero de 2023.
La medida de arresto domiciliario profundiza la crisis legal del exlíder ultraderechista, quien enfrenta múltiples procesos que podrían poner fin a su carrera política y derivar en sanciones penales severas.