El Gobierno de Venezuela denunció este sábado lo que calificó como una “gravísima agresión militar” atribuida a Estados Unidos, la cual —según la versión oficial— habría afectado territorio y población civil en Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto mediante el cual se declara el Estado de Conmoción Exterior en todo el país. La medida, de acuerdo con el Ejecutivo, busca garantizar la protección de la población y el funcionamiento de las instituciones del Estado.
En un comunicado oficial, las autoridades venezolanas señalaron que las acciones denunciadas constituyen una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, al vulnerar los principios de soberanía y la prohibición del uso de la fuerza. El documento sostiene que el presunto objetivo de la incursión sería el control de recursos estratégicos como el petróleo y los minerales, a través de un intento de “cambio de régimen”.
“El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno fracasará, como todos los anteriores”, afirma el texto difundido por el Gobierno.
Como respuesta, se anunciaron varias acciones inmediatas, entre ellas la activación del Estado de Conmoción Exterior, el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo el esquema de fusión popular-militar-policial, y la puesta en marcha del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los estados y municipios.
En el plano internacional, la llamada Diplomacia Bolivariana de Paz informó que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados. Asimismo, el Gobierno invocó el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la legítima defensa ante un ataque armado.
El comunicado concluye con un llamado a la unidad nacional y a la solidaridad internacional, especialmente de los países de América Latina y el Caribe, al considerar que los hechos denunciados representan una amenaza para la paz y la estabilidad regional