Brasilia.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves el proyecto de ley que planteaba reducir las penas para el expresidente Jair Bolsonaro y para las personas condenadas por su participación en el asalto a las sedes de los Tres Poderes ocurrido el 8 de enero de 2023.
La iniciativa, aprobada por el Congreso brasileño en diciembre pasado, contemplaba beneficios penales no solo para quienes participaron directamente en los disturbios, sino también para aquellos involucrados en la elaboración de un plan para desconocer el resultado electoral y mantener a Bolsonaro en la Presidencia.
El veto fue firmado de manera simbólica durante una ceremonia oficial organizada por el gobierno federal para conmemorar el tercer aniversario de los hechos del 8 de enero, cuando grupos de manifestantes irrumpieron y causaron destrozos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, en un intento por forzar una intervención institucional.
Durante el acto, al que asistieron la primera dama Rosangela “Janja” da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, el gobierno subrayó la necesidad de “reforzar los valores democráticos”, en un contexto marcado por la presión de sectores de derecha que han insistido en reducir las sanciones impuestas a los responsables.
De acuerdo con datos oficiales, el Supremo Tribunal Federal ha dictado más de 800 condenas relacionadas con el intento de ruptura del orden democrático. Entre los procesados se encuentran Jair Bolsonaro, considerado el principal referente de la derecha brasileña, así como exmandos militares y civiles vinculados con los hechos.
El debate en torno a la llamada Ley de Sentencias se extendió a lo largo de 2025 y evidenció la confrontación entre el oficialismo y la oposición. Lula había anticipado públicamente su rechazo a la propuesta, al considerar que debilitaba la rendición de cuentas por delitos contra el Estado democrático de derecho.
El proyecto vetado modificaba la Ley de Ejecución Penal y cambiaba la forma de calcular las condenas cuando una persona era sentenciada por varios delitos cometidos en un mismo contexto. En lugar de acumular las penas, se aplicaría únicamente la sanción más grave, además de facilitar el acceso a regímenes penitenciarios menos restrictivos, incluso en casos con reincidencia o uso de violencia.
Con el veto presidencial, la iniciativa regresa ahora al Congreso Nacional, que deberá analizar si mantiene la decisión del Ejecutivo o intenta revertirla mediante una votación legislativa. Mientras tanto, el gobierno de Lula insiste en que no habrá concesiones frente a acciones que atenten contra la democracia brasileña.