Desde hace dos meses, Ana, Carlos y su hijo Luis apenas han salido de su casa. Las cortinas permanecen cerradas todo el día y la puerta principal está reforzada con una barra de metal. El encierro no es voluntario: es una medida desesperada ante el aumento de redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.
La familia, originaria de México y residente en esta ciudad del norte de Estados Unidos desde hace más de una década, asegura que su vida cambió radicalmente cuando agentes federales comenzaron operativos intensivos para detener a inmigrantes. Mineápolis se convirtió en uno de los focos de tensión luego de que dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dispararan contra manifestantes, hecho que profundizó el miedo entre la comunidad migrante.
“Es inhumano vivir así, como prisioneros dentro de nuestra propia casa”, relata Ana, de 47 años, quien pidió mantener su identidad en reserva. Tiene cuatro hijos, pero solo Luis, de 15 años, permanece con ella todo el tiempo: nació en México y teme ser detenido. Sus otros tres hijos son ciudadanos estadounidenses, aunque el temor no desaparece cuando salen de casa.
Ana confiesa que vive con angustia constante. “Aunque son ciudadanos, ya no respetan nada. Basta el color de piel para que se los lleven”, dice con la voz quebrada. Por precaución, sus hijos deben avisar antes de regresar; de lo contrario, la puerta no se abre.
Luis asiste a clases desde casa y pasa gran parte del día jugando videojuegos. “Es la única forma de olvidarme de lo que está pasando”, murmura. Sueña con algo tan simple como ir al restaurante de comida rápida que está al final de la calle, una distancia corta que hoy se siente inalcanzable.
Carlos, de 43 años, trabaja instalando encimeras de granito, aunque desde diciembre no ha podido generar ingresos. La familia ha gastado cerca de 11 mil dólares en abogados durante los últimos tres años para regularizar su situación migratoria. Aunque cuentan con permisos de trabajo, estos ya no los protegen de una posible detención.
“Te dan un papel para trabajar, pero no sirve para vivir tranquilo en este país. ¿Cómo puede ser eso?”, cuestiona Carlos, visiblemente molesto. “Sentimos que nos engañaron. No somos criminales, no hemos hecho nada malo”.
Las redadas se han intensificado en ciudades gobernadas por demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos recuerda que durante el primer mandato de Trump las operaciones estaban más focalizadas. “Antes no sentíamos la necesidad de escondernos”, explica.
Mientras continúa la llamada Operación Metro Surge en Mineápolis, crecen las dudas sobre cuántas personas sin antecedentes penales están siendo afectadas. En Los Ángeles, durante un periodo similar de redadas, más de la mitad de los detenidos no tenía historial criminal, según datos oficiales.
Antes del encierro, la familia lograba ingresos mensuales de alrededor de 6 mil dólares entre el trabajo de Carlos y los empleos ocasionales de Ana como cocinera o cajera. Hoy sobreviven con préstamos. Para pagar el alquiler de enero, de 2 mil 200 dólares, tuvieron que pedir ayuda a un amigo.
No saben cómo enfrentarán los próximos meses. “¿Y si esto nunca termina?”, se pregunta Carlos. “Faltan tres años de este gobierno y eso es muchísimo tiempo”.
Ana comienza a contemplar el regreso a México. “Lo único que me mantiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.