El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la mayoría calificada, tras un debate que se extendió por más de 13 horas y que estuvo marcado por confrontaciones entre oficialismo y oposición.
La iniciativa fue aprobada en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra. Más tarde, alrededor de las 2:30 de la madrugada, el dictamen se ratificó en lo particular con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. Aunque inicialmente acompañó la votación en lo general, Movimiento Ciudadano se pronunció en contra en la fase final.
El proyecto ya fue turnado a los congresos estatales y al de la Ciudad de México, donde deberá ser aprobado por al menos 17 legislaturas locales para alcanzar rango constitucional.
Cabe recordar que el Senado dio luz verde al dictamen el pasado 26 de marzo, aunque eliminó la modificación relacionada con la consulta de revocación de mandato, por lo que ésta se realizaría en 2028 y no en 2027 como proponía el bloque oficialista.
La reforma contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocados en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, así como en la regulación de salarios de funcionarios electorales. Entre los puntos principales, se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento conformado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género.
Asimismo, se fija un tope al gasto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto estatal. En materia electoral, se prohíbe que consejeros y magistrados perciban remuneraciones por encima del límite constitucional o accedan a prestaciones adicionales financiadas con recursos públicos.
El dictamen incluye artículos transitorios que prevén una implementación gradual de los cambios, la armonización legislativa antes del 30 de mayo de 2026 y la reasignación de ahorros hacia obras de infraestructura y programas sociales.
Durante la discusión, el diputado de Morena Leonel Godoy defendió la reforma al señalar que busca eliminar privilegios y promover la austeridad en los órganos de gobierno locales. En contraste, el legislador del PAN Germán Martínez Cázares lanzó críticas directas al oficialismo en medio de un intercambio ríspido.
Desde la oposición, la diputada panista Laura Cristina Márquez cuestionó la falta de consenso y aseguró que la reforma no atiende problemas de fondo del sistema electoral. En la misma línea, la priista Abigail Arredondo advirtió que el proyecto podría implicar una concentración de decisiones, mientras que la emecista Patricia Flores consideró que se trata de una propuesta incompleta.